Deja Isssteson sin servicios médicos a 841 personas, confirma Pedro Ángel Contreras López, director general.

Brisa Retano

HERMOSILLO, Son.- La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, reconoció la pésima situación financiera por la que atraviesa el sistema de pensiones y jubilaciones del Isssteson, ya que existe un boquete financiero aproximado de dos mil millones de pesos y a la fecha no se ha podido subsanar esa situación.

“Lo recibimos con una situación financiera complicadísima y el fondo de pensiones no existía, los medicamentos y otras áreas eran un desorden. Hemos hecho muchas cosas, apretando el cinturón y establecido esquemas de control, pero las pensiones tan altas no hay ningún instituto que las soporten”, dijo.

Vamos a tomar medidas, hay temas que se están revisando en la SCJN, pero con eso no salimos a flote, hay problemas de carácter financiero, y el tema de las pensiones complica mucho, pero además tenemos muchas complicaciones por lo otros temas, añadió.

El quebranto financiero en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora(Isssteson) no es ninguno secreto para nadie, dijo la mandataria sonorense al señalar que su administración heredó una situación financiero que calificó de grave de la cual no se ha podido salir avante.

Añadió que en el Isssteson persiste el problema financiero y una de las causas es que existen pensiones que alcanzan hasta los 170 mil pesos mensuales, además de la falta de recursos en el Fondo de Pensiones.

Pavlovich Arellano, dijo que se han emprendido acciones legales de todo tipo para poder sacar a flote a la institución, sin embargo se tendrán que tomar acciones legales más fuertes y que existen diversos temas que se están analizando en la Suprema corte de la Justicia de la Nación (SCJN).

Por su parte Pedro Ángel Contreras López, director general de Isssteson suspendió los servicios médicos, de pensiones y de vivienda a el Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco, el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca), el Servicio Nacional del Empleo y el Consejo Sonorense Regulador del Bacanora.

La medida impactará a 841 derechohabientes, entre trabajadores y sus familias, en virtud de que los organismos mencionados no sostuvieron un acercamiento para regularizar su situación en pago de cuotas y aportaciones, o para negociar un convenio de pago con la Institución.

Cabe mencionar que los servicios de urgencias y atención a mujeres embarazadas, en el caso de los 841 derechohabientes, se seguirán brindando de acuerdo a los Derechos Humanos y a la Ley General de Salud.

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