La escuela es un lugar estratégico para prevenir las causas que generan violencia y delincuencia, ante esto el diputado priista, Luis Armando Alcalá Alcaraz, propuso incluir en los planes de estudio programas de prevención del delito.
La finalidad de esta adición a la Ley de Educación, dijo, es permitir que la sociedad se desarrolle en un ambiente armónico y seguro, que permita el bienestar y desarrollo pleno de sus integrantes.
“La presente iniciativa busca fortalecer la legislación en Sonora en cuanto al compromiso que tiene nuestro estado de formar y educar para prevenir la violencia en la familia y en la sociedad, aspectos que se entrelazan y se transfieren de un ámbito a otro sin que sean excluyentes o ajenos a las tareas de prevención social del delito”, apuntó.
Escuela y familia, señaló, se deben articular para implementar una estrategia que promueva, desde ambos espacios, la adopción de actitudes y acciones que favorezcan la construcción de una comunidad segura.
Comentó que la seguridad es un derecho fundamental porque supone la preservación física, psíquica y morales de las personas y tiene como objetivo el desarrollo integral relacionado con el derecho a la dignidad y a la integridad, de ahí que constituya un factor ineludible para garantizar el resto de los derechos.
Alcalá Alcaraz aseguró que, hablar de prevención del delito, es abarcar estrategias y acciones tendentes a reducir los riesgos de que se generen delitos y por ende se causen afectaciones a la sociedad.
Hizo referencia al programa D.A.R.E. Uno de los esquemas contra las drogas que más éxito tiene a nivel internacional, que en México se inició en 1990 y
actualmente se extiende a 84 ciudades incluyendo algunas de Sonora.
“Poner en práctica estrategias de prevención social del delito es algo más que reducir la violencia y abatir la comisión de hechos delictivos; implica atender las causas generadoras del delito”, destacó.
La formación sólida de una cultura que impulse el desarrollo del capital social en un contexto humanístico, afirmó, permite motivar la participación corresponsable de la ciudadanía para reforzar la cohesión comunitaria, sustentada en valores de cooperación, solidaridad, protección y respeto.
Fuente: GPPRI
