El escándalo tiene semanas en desarrollo, la diputada federal por el distrito 03 con cabecera en Hermosillo Diana Karina Barreras Samaniego lanzó su suerte y quiso pasarse de la raya.
El motivo fue una crítica que recibió de parte de una ciudadana, en este caso Karla Estrella en la red conocida como X, que la señaló de haber sido impulsada a la candidatura y por lo tanto a la posición política que hoy ostenta, con uso de sus influencias, en especial de su esposo.
El esposo de Diana Karina es ni más ni menos que el diputado federal de representación proporcional de Morena y actual presidente de le mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Sergio Gutiérrez Luna, que curiosamente ocupaba ese mismo cargo hace un par de años, cuando se definieron las candidaturas en Morena y en la Coalición Política que suma al PT y al PVEM.
El famoso post en X de Karla Estrella dice lo siguiente: «Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”.
La historia reciente pone las cosas a escrutinio del público y juzgue usted si no se dieron ajustes y sacudidas en el acomodo electoral de Sonora, pues originalmente esa posición (la candidatura del distrito federal 03 de Hermosillo) originalmente se le asignó a Omar del Valle Colosio (actual diputado local plurinominal del PVEM), aunque a quien realmente correspondía es al actual diputado federal del distrito 05 (también de Hermosillo) Jacobo Mendoza Ruiz, el caso es que a la hora de la hora el PT se empecinó y peleó ese distrito, quedando la candidatura en Barreras Samaniego.
El hecho es que la hoy diputada fue a la urnas y fue votada masivamente como parte del efecto Sheinbaum, que llevó a la Coalición a Ganar todo en Sonora como en el 2018, de tal modo que resultó electa de manera indiscutible.
Antes ella fue diputada local en el Congreso de Sonora por el PT y llegó a presidir la legislatura estatal por un periodo de 6 meses, antes fue regidora por el PAN en Hermosillo, durante el gobierno de Manuel Ignacio Acosta (2015-2018) y en esa fase se le señala por haber votado a favor de la privatización del servicio de alumbrado público, una de muchas decisiones polémicas tomadas por el entonces presidente municipal priista.
La denuncia que interpuso Diana Karina Barreras contra Karla Estrella fue por violencia política en razón de género, y en ella legisladora federal se dijo víctima de esa figura jurídica al argumentar que al estarse insinuando que a ella la puso su esposo como candidata, se estaría invisibilizando su trayectoria política como regidora y diputada, sus logros académicos y personales, ademas del hecho de que ha sido la diputada federal más votada en la historia del mencionado distrito.
Y claro, todos tenemos nuestra opinión particular sobre el trabajo de los legisladores y como en los hechos los podemos juzgar por su productividad, el número de iniciativas que promueven, el contacto con los ciudadanos y otros factores que pueden ser intangibles, como sus capacidades para comunicar y demás.
La denuncia fue de menos a más, tuvo origen en Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, pasó por la sala regional y por salas especializadas, hasta que llegó a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde el proyecto de sentencia del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón incluso iba en contra de sentencia a la ciudadana y por lo tanto no conceder la razón a la quejosa, revocando las sentencias previas y concediendo incluso que habría posibilidades de nepotismo, al ser tanto el esposo como su cónyuge diputados en la actual legislatura y al haber sido Gutiérrez Luna diputado y presidente de la mesa directiva en la anterior.
«Asiste la razón a la recurrente cuando señala que no se actualiza la violencia política de género, porque los comentarios se insertaron en el debate público, haciendo una alusión a un posible nepotismo y malas prácticas, ya que no se cuestiona la capacidad o labor de la denunciante. Se hace centralmente una crítica al ejercicio político de Sergio Gutiérrez Luna, una figura pública, al haber fungido como diputado federal, en la que se cuestiona el presunto nepotismo (en favor de su cónyuge) en el que incurre», dice el proyecto.
Sin embargo la intervención de la magistrada presidenta de esa instancia, Mónica Soto, inclinó la balanza y con su voto de calidad hizo que el interés de la petista prevaleciera en votación dividida de 3 a 2.
La sentencia fue una multa, la inscripción de Karla Estrella en el catalogo de agresores en razón de género y 30 días de disculpas públicas a los que está condenada la ciudadana.
El caso ha desatado indignación en las mismas redes sociales a partir del 12 de julio, fecha en la que iniciaron los 30 días de disculpas públicas y como sucede con estas cosas, el tema llegó a oídos de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, quien consideró que es un exceso de poder.
“Es un exceso. El poder es humildad, no es soberbia, no está bien esta exigencia de que “por 30 días te disculpes”, expresó la jefa del ejecutivo federal.
El tema tiene muchas aristas, y seguramente tendrá muchas consecuencias.
La primera es que es muy seguro que las aspiraciones de Diana Karina de contender por la alcaldía de Hermosillo en el 2027 (la destapó el PT hace 10 días) por la Coalición Justos Hacemos Historia se hayan terminado aquí.
La segunda, que creo es un tema que va a más profundidad y es la revisión del uso y abuso de la figura de la violencia política en razón de género, un tema jurídico que sin duda representa un avance sustancial para combatir una práctica que abunda en un país machista como es México, en el que se violenta a las mujeres de muchas maneras, no solamente a las políticas.
Sin embargo, algunas políticas que no soportan, no toleran las críticas, como es el caso ya mencionado de Diana Karina, también conocida en redes como “Dato Protegido”, han recurrido a usar este argumento como elemento para acallar y censurar a sus críticos.
El debate es amplio y es que si bien en la Constitución está consagrado el derecho a la libertad de expresión, en tribunales y con estrategias jurídicas algunos políticos y en especial políticas, se las han arreglado para usar ese elemento como herramienta para callar a quienes las critican.
Lo lamentable es que ellas, quienes se exceden, quizá estén propiciando que dicho criterio jurídico se pervierta y no pueda ser usado para proteger y defender a quienes si son objeto de violencia.
La línea es delgada.
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