Aprueban nueva legislación para detonar el desarrollo económico de Sonora

Hermosillo, Son.- Un nuevo marco regulatorio para promover e incentivar la creación y consolidación de condiciones para atraer al estado inversiones nacionales y extranjeras, así como promover el crecimiento de las empresas ya establecidas, fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado en su primera sesión del mes de noviembre.

La Ley de competitividad y desarrollo económico vendrá a sustituir a la Ley de fomento al desarrollo económico para el Estado de Sonora, publicada el 19 de diciembre de 2002 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Consta de 56 artículos divididos en doce capítulos: Disposiciones generales; Del fondo para la promoción y fomento para incentivar el desarrollo económico y la competitividad; De la participación de los ayuntamientos y la promoción y desarrollo económico.

De los incentivos para el desarrollo económico y la competitividad; De la infraestructura estratégica; Del cuidado y preservación del medio ambiente; Del comercio exterior; De la información estadística; De las visitas de verificación; De la extinción de los incentivos; y Del recurso.

La Comisión de Fomento Económico y Turismo presentó el dictamen a la asamblea, mismo que se fundamenta en propuestas presentadas tanto por el diputado Omar Alberto Guillén Partida como por la titular del Poder Ejecutivo estatal.

Guillén Partida expuso que esta legislación permitirá promover e incentivar la creación de infraestructura logística, comercial, industrial, hidráulica, de servicios y demás necesaria para el desarrollo económico y la competitividad de las empresas en la entidad, además de incentivar la inversión productiva, impulsar el desarrollo económico y la competitividad en el Estado, entre otras acciones.

Agregó que desde hace un año empezaron a trabajar con las cámaras empresariales de diversos municipios como Navojoa, Cajeme, Hermosillo y Nogales, con reuniones en las que se buscó enriquecer la iniciativa mediante las propuestas presentadas por los empresarios.

“Hoy creo que con el apoyo de la Gobernadora, que también ella presenta una iniciativa en materia de competitividad y desarrollo económico, vamos a tener un muy buen producto que nos ayude a generar empleos, que nos ayude a tener un mejor esquema de promoción económica y que nos ayude a tener mayor circulación entre los universitarios y los empresarios”, aseveró el diputado Guillén Partida.

El diputado Moisés Gómez Reyna celebró la aprobación de esta nueva Ley, que está precedida por la participación activa de los diferentes segmentos involucrados, por lo que dentro de las discusiones impulsó el tema de la competitividad como un término global, que no sólo involucra las acciones que puede tener una sola Secretaría, sino que tiene que tener un planteamiento sistémico.

La necesidad de considerar la zona económica especial Río Sonora en la construcción y aplicación de la Ley de competitividad y desarrollo económico, donde las zonas rurales sean tomadas en cuenta, al igual que se hace con las grandes ciudades, planteó el diputado Fermín Trujillo Fuentes.

“Volvemos a ver que esa zona económica especial entra dentro de uno de los grandes, como es la propia capital, y luego se pone a todos los municipios del Río Sonora, de la Sierra, para denominarla zona del consejo consultivo centro A. Va a pasar lo mismo, que Hermosillo absorba todos los esfuerzos por ser la capital, pero no hay la micro planeación de lo que es en pequeño la zona rural”, expresó.

De acuerdo con su planteamiento se manifestó el diputado Moisés Gómez Reyna, quien propuso incorporar una zona específica del Río Sonora, con su propio consejo consultivo, por lo que la comisión dictaminadora aceptó hacer la modificación para realizar la adecuación pertinente en la Ley.

Otra modificación propuesta por el diputado Javier Villarreal Gámez fue aceptada por la comisión, en el sentido de que en la integración de los consejos consultivos regionales se incorpore a tres representantes del sector social de los trabajadores, ya que como fue presentado el dictamen sólo consideraba al sector público, que son los presidentes municipales; al empresarial y al académico, con tres representantes cada uno.

Fuente: Congreso