No al voto corporativo

No al voto corporativo

Jacqueline Peschard

Tiene razón el presidente del INE, Lorenzo Córdova, al pedir a los dirigentes empresariales que se abstengan de convocar a sus empleados a reflexionar su voto y a no favorecer a un candidato populista, porque ello contribuye a tensionar aún más la ya de suya ríspida y polarizada contienda electoral. Al invitar a los trabajadores a sumarse a la causa de la empresa, es decir, de la corporación, como si fueran parte del todo, la convocatoria linda con un voto corporativo que es contrario a los principios esenciales del sufragio libre y ciudadano.

Hace más de veinte años que la ley electoral desechó el voto corporativo, que fue característico de nuestro sistema de partido hegemónico, pues ser parte de un sindicato o de cualquiera organización afiliada al PRI era lo mismo que ser militante de dicho partido. A partir de la reforma de 1996 se prohibió que la afiliación partidaria pudiese adquirirse por la vía de la pertenencia a una agrupación gremial, para convertirse en una decisión estrictamente individual, propia de un régimen plural y democrático. El principio básico detrás de la eliminación del voto corporativo era que no hubiera constreñimiento alguno en la orientación de la participación política o en el ejercicio del voto.

Aunque la convocatoria empresarial a sus trabajadores para votar en cierto sentido no necesariamente implica una coacción o amenaza, lo cual sería un flagrante delito electoral, el hecho de que esté dirigida a quienes tienen una relación de subordinación laboral, lo convierte en un acto de presión, quizás más simbólica que directa, pero que se puede interpretar prácticamente como una sugerencia obligatoria. Es por ello que la acción no puede reclamarse como un mero ejercicio de libertad de expresión, como si los convocantes no tuvieran una posición de influencia social y económica sobre los convocados, esto es, como si no fueran sus patronos.

Hay quienes defienden a capa y espada el derecho de los empresarios a manifestarse con plena libertad, equiparándolos a ciudadanos en general, como si sus actos no tuvieran una particular resonancia social, como si no ejercieran influencia sobre todo en aquellos sectores de la población que dependen económicamente de ellos. Es cierto que lo único que la ley electoral expresamente prohíbe a los empresarios y a los particulares en general es que coaccionen o condicionen el voto, o que compren espacios en radio y televisión para promover sus posiciones políticas. No obstante, la capacidad de los empresarios para ocupar espacios públicos y hasta para fijar agenda en los medios de comunicación, los convierte en actores políticamente relevantes, muy diferentes a los ciudadanos comunes y corrientes; es decir, son protagonistas sociales y por ello tienen una particular responsabilidad política.

Es justo reconocer que en los últimos años las cúpulas empresariales han asumido posiciones críticas frente a los grandes problemas nacionales y han construido un liderazgo social importante, a través de una alianza abierta con organizaciones de la sociedad civil involucradas en procesos de fortalecimiento de la rendición de cuentas en nuestro país. Así lo demostró, en particular la Coparmex, al sumarse y liderar la convocatoria a favor de la iniciativa ciudadana popularmente llamada ley 3de3, o de Responsabilidades Administrativas, y al apoyar las demandas a favor de procesos abiertos y auditados para la elección de los cargos del Sistema Nacional Anticorrupción, como el del fiscal especial anticorrupción, no sólo en el ámbito federal, sino también en distintas entidades de la República.

Es cierto que AMLO ha aprovechado cualquier oportunidad para, desde su posición de puntero en las encuestas, denostar a diversos líderes empresariales como si fueran los peores enemigos de la nación, pero ello no justifica que respondan a los ataques desplegando una campaña a favor de un voto corporativo que echa mano de su ascendiente social y económico para, aún sin coerción, incidir en las preferencias electorales de sus dependientes laborales. Por supuesto que los empresarios tienen derecho a criticar a los candidatos y a difundir abiertamente sus preferencias, pero hay límites a su libertad de expresión y estos provienen de considerar que su propuesta para quienes trabajan para ellos puede resultar en una presión, por discreta que sea, que al final condicione el voto.