Ante los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales ratificó el ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez su solicitud de inicio de procedimiento de juicio político en contra del magistrado titular de la tercera ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, José Santiago Encinas Velarde.
En sesión de trabajo virtual de la comisión que preside el diputado Jesús Alonso Montes Piña, los legisladores escucharon la ratificación de la solicitud presentada la semana pasada ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado y que fuera turnada a esta dictaminadora en la sesión de la Diputación Permanente del pasado 20 de agosto.
Chirinos Benítez expuso que lo que le motivó a presentar esta demanda de juicio político es porque aproximadamente dentro de dos semanas inicia el proceso electoral en el Estado de Sonora y con él llegan también las decisiones políticas de las instituciones, en este caso del Tribunal de Justicia Administrativa.
“Yo vengo ante esta Soberanía a solicitar que se haga un análisis de la actuación de este Magistrado, sobre todo en el contexto del proceso electoral que ya va a iniciar y que nos da lugar de entrar también al análisis de este ámbito de responsabilidad, que es el juicio político, que se motiva con el ataque a las instituciones democráticas, violaciones sistemáticas a la Constitución, a la libertad de sufragio, entre otras hipótesis de la Ley de Justicia Administrativa que yo hice valer”, aseveró.
Esta ratificación la presenta sobre todo por los antecedentes del caso de los trabajadores del Congreso del Estado a los que se les otorgó una suspensión con efectos de carácter restitutorio en 2018 para que continuaran en el ejercicio de sus funciones, suspensión que les otorgó el magistrado José Santiago Encinas Velarde, sostuvo.
En el caso del suscrito, dijo, dicho Magistrado varió su propio criterio al ignorar varios considerandos que expuso en el juicio de nulidad que presentó ante el Tribunal de Justicia Administrativa, ya que dejó de lado los derechos humanos del solicitante y omitió hacer un análisis de la apariencia del buen Derecho, como lo marca la doctrina jurídica.
Chirinos Benítez indicó que pidió al TJA la nulidad del oficio de su remoción como vicefiscal en materia de delitos electorales por diversas razones que resaltan del propio vacío que el oficio pone de manifiesto a la vista de todos, y también que se tomara en cuenta como antecedente el caso de los seis trabajadores del Poder Legislativo que habían sido removidos y a los cuales se les otorgó una suspensión con efectos de carácter restitutorio para que continuaran en el ejercicio de sus funciones.
“Cuando yo pedí mi garantía de audiencia ante este Congreso, particularmente con atención al diputado Eduardo Urbina -cuando comparecí como gobernado por el caso de mi remoción-, en esta ruta no se me garantizó mi derecho de audiencia por el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, lo que me llevó a mí también a acudir a vías jurídicas, como es la interposición de un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa”, aseveró.
Por alusión, el diputado Eduardo Urbina Lucero explicó que, como dictaminadora, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos está obligada a resolver sólo sobre cuestiones que le son turnadas por el Pleno o por la Presidencia del Congreso, además de recordarle al ciudadano que el tema de derecho de audiencia fue turnado a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRICP, a través de una solicitud de la diputada Ernestina Castro Valenzuela.
“No es que se le haya negado el derecho de audiencia, creo que lo solicitó de manera equivocada al simplemente considerar la comisión, por el nombre creo que se fue con la finta, más sin embargo decirle que el espectro de decisión que tenía sobre el rechazo a la remoción era por parte del Pleno y no se tienen elementos para solicitar el derecho de audiencia”, afirmó el legislador.
El diputado Jesús Alonso Montes Piña informó que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales ha ejercido en diversas ocasiones una dinámica de audiencias, aunque no está contemplado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pero dicho ejercicio les ha dado buenos resultados a la hora de la construcción de los criterios con los que cuenta cada legislador para tomar sus decisiones.
“Y seguramente la decisión-creo que así será, de la mayoría o la totalidad de los integrantes de esta comisión-, estaremos en condiciones de solicitarle a usted (Chirinos Benítez) para que ahí pueda ampliar todos sus dichos y nosotros tendremos también que analizar los documentos que nos entregue, conocer sus argumentos y luego escucharlo de viva voz”, expresó.
El presidente de la comisión dio a conocer que, como lo establece el Artículo 275 de la Ley Estatal de Responsabilidades, procederán a realizar un análisis exhaustivo del escrito de denuncia y las pruebas ofrecidas, para determinar si es procedente o no, dentro del plazo de diez días hábiles que señala el Artículo 276 de la misma norma.
En esta sesión virtual también se registró la asistencia de los diputados Jorge Villaescusa Aguayo, Héctor Raúl Castelo Montaño, Gricelda Lorena Soto Almada, Norberto Ortega Torres, María Magdalena Uribe Peña y Nitzia Corina Gradías Ahumada.
Fuente: Congreso
