Maduro, Morales, Correa o Cristina Fernández rechazan el encarcelamiento del expresidente brasileño
El País
Rechazo o silencio. El ingreso en prisión del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, que este sábado se ha entregado a la policía, ha provocado el cierre de filas de las distintas almas de la izquierda latinoamericana frente a lo que consideran una persecución de la derecha. Los principales mandatarios de la región han evitado, en cambio, pronunciarse sobre la condena a 12 años dictada en enero por haber aceptado, según la justicia, un apartamento en una playa de la costa de São Paulo como soborno de una constructora.
Los defensores de Lula no han entrado en la esencia de la cuestión, esto es, el desarrollo judicial de un caso de corrupción, y se han centrado en la carga simbólica de la decisión adoptada la madrugada del jueves por el Tribunal Supremo, que le abocó al encarcelamiento. La sentencia representa en su opinión un ataque a un modelo de gestión que coincide con el momento de mayor empuje del llamado socialismo del siglo XXI, del chavismo o el kirchnerismo. Se trata, en definitiva, de un repudio vinculado a las afinidades o en todo caso a las alianzas políticas.
El presidente venezolano criticó la medida hablando abiertamente de “injusticia”. Nicolás Maduro, a quien se han formulado acusaciones similares, manifestó que le “duele en el alma” y ciñó sus consideraciones exclusivamente a la batalla ideológica: “La derecha, en su incapacidad para gobernar democráticamente, eligió el camino judicial para amedrentar a las fuerzas populares». «Lo que le están haciendo a Lula da Silva hará crecer la fuerza espiritual de una nueva ola de pueblos libres en los años que están por venir», escribió en Twitter al plantear su exigencia de libertad para Lula.
Evo Morales, uno de los más aguerridos, lleva días revolviéndose en contra de la justicia brasileña. «Estamos presenciando una de las injusticias más grandes del siglo XXI. Quieren encarcelar a un hombre inocente que dio su vida por su país y que logró que decenas de millones de brasileños salgan de la miseria y del hambre», enfatizó el presidente de Bolivia. «Hoy más que nunca, estamos contigo, hermano».
Uno de sus antiguos aliados, Rafael Correa, también ha hecho del caso un asunto de resistencia contra lo que ve como un repliegue conservador, no solo en Brasil, sino en toda la región. La defensa de Lula para él coincide, además, con el intento de proteger su legado. El exmandatario ecuatoriano acusa a su sucesor y exvicepresidente, Lenín Moreno, de traicionarle. Se desvinculó de la formación que fundó hace ya 12 años, Alianza País, y ha impulsado un nuevo partido, Movimiento Revolución Ciudadana, que se volcó en una campaña a favor del exlíder sindical brasileño. «¡Todo un pueblo se levanta para defender a Lula!», prorrumpió, también a través de su cuenta de Twitter. «Años de infamias de la prensa corrupta brasileña no han podido destruirlo, como tampoco podrán con nosotros», agregó, sin evitar una referencia a una de sus obsesiones.
La expresidenta argentina Cristina Fernández opinó al conocerse la decisión del Tribunal Supremo de Brasil que este caso acabará reforzando a Lula. «Va a ganar las próximas elecciones presidenciales y las élites del poder, a las que nunca les interesó ni la justicia ni la democracia, utilizan el aparato judicial para su proscripción. Todo nuestro afecto para con él», señaló. El Ejecutivo de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, también trasladó un mensaje de apoyo.
En Colombia, que celebra elecciones presidenciales el 27 de mayo, no hubo reacciones oficiales, al igual que en México. El candidato a la presidencia del país andino Gustavo Petro, el único aspirante nítidamente de izquierdas, fue el único en solidarizarse con el exmandatario. «Después de un pronunciamiento militar, la corte suprema del Brasil se lleva preso a Lula. Solo la reacción del pueblo brasileño puede detener el asesinato de la democracia».
También lo hizo el partido de la antigua guerrilla de las FARC, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, ya castigada por los electores en los comicios legislativos del pasado 11 de marzo y al margen de la carrera presidencial.»Rechazamos que, igual como ocurrió con la expresidenta Dilma Rousseff, se recurra a prácticas cuestionables jurídicamente, que desdibujan el deber ser de una democracia, con el propósito de deslegitimar y cerrar el paso a su adversario político», afirmó la FARC a través de un comunicado.
El País/Francesco Manetto/Alonso Moleiro
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