Juez federal en Hawaii detiene el nuevo veto migratorio de Trump horas antes de su entrada en vigor

Tras analizar la orden ejecutiva del presidente que prohíbe la entrada a EEUU de ciudadanos de seis países musulmanes, el estado de Hawaii decidió congelarla por considerar que es inconstitucional y fue emitida con el propósito de «desfavorecer a una religión en particular».

Univision

El juez de distrito Derrick K. Watson emitió una orden en un tribunal de Hawaii que frena temporalmente el nuevo veto migratorio de Donald Trump, que iba a entrar en vigor a la medianoche de este miércoles.

Watson optó por bloquear la revisada orden ejecutiva como respuesta a una demanda interpuesta por el fiscal general del estado de Hawaii, el demócrata Doug Chin, quien alegó que el nuevo veto es, como el primero, inconstitucional por tratarse de discriminación religiosa.

«La orden ejecuvita fue emitida con un propósito de desfavorecer a una religión en particular», concluyó el magistrado Watson, que aunque no mencionó contra qué religión atenta la orden, se entiende que habla de los musulmanes, mayoría en los países afectados por el veto de Trump.

Además de Hawaii, los estados de Washington y Maryland tenían audiencias judiciales para examinar la orden ejecutiva del presidente sobre inmigrantes y refugiados de seis países musulmanes con la que trató de cumplir su promesa de un veto musulmán después de que el primero fuera paralizado por las cortes.

Pero Hawaii fue el primer estado en presentar un recurso contra el nuevo veto migratorio de Trump, que según el mandatario es una versión «debilitada» del primer decreto. Así se expresó el presidente al respecto este miércoles tras conocer el nuevo bloqueo de su orden ejecutiva.

«Vamos a pelear este terrbile fallo, vamos a llevar nuestro caso tan lejos como haga falta, incluso hasta llegar a la Corte Suprema. Vamos a ganar, vamos a mantener a nuestros ciudadanos seguros pase lo que pase», advirtió Trump desde un mitin en Nashville, Tennessee.

Esta segunda orden ejecutiva «más pulida» prohíbe la entrada por 90 días a Estados Unidos a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, pero excluye a Irak, que estaba incluido en el primer decreto. Tampoco afecta a los residentes legales y no veta a los refugiados sirios de manera indefinida. Además, reduce el número de refugiados para este año en Estados Unidos de 110,000 a 50,000.

Durante la mañana del miércoles se celebró una audiencia en un tribunal federal de Greenbelt, Maryland. El juez Theodore D. Chuang anunció que posiblemente hiciera pública su decisión durante el resto de la jornada, aunque no lo aseguró.

La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, en inglés) y los abogados de organizaciones de refugiados pidieron al juez que impidiera la entrada en vigor de la medida de Trump porque, afirmaron, en el fondo es un pretexto para discriminar a los musulmanes.

«Si la intención es prohibir (la entrada de) musulmanes, una buena manera de hacerlo es prohibiendo a los refugiados», dijo Omar C. Jadwat, abogado de ACLU.

Por su parte, los abogados del Departamento de Justicia aseguraron que este nuevo texto es «sustancialmente diferente» al primero y su único objetivo es proteger a los estadounidenses del terrorismo exterior. El objetivo, afirmaron, es ofrecer unos meses al Gobierno para poder revisar mejor las peticiones para visas y solicitudes de refugio de Libia, Siria, Irán, Sudán, Yemen y Somalia.

«Creo que ya hemos estado aquí por un buen rato», dijo Chuang después de una audiencia de casi dos horas. «Agradezco a todo el mundo su trabajo. Intentaré anunciar una decisión por escrito hoy, pero puede que no necesariamente sea así», terminó el juez.

Más pruebas en los tribunales

En Washington, el juez James Robart (el mismo magistrado que frenó la primera orden ejecutiva del veto migratorio) solicitó a los abogados de Trump que entregaran más documentos sobre el decreto. El plazo de presentación se acababa a las 4:30 pm (hora local), pero hasta el momento no se han pronunciado al respecto.

La intención de Robart es que el Gobierno responda a la demanda interpuesta esta semana por el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, quien afirmó que el veto «daña» a los habitantes de su estado.

«La respuesta de los demandados debe estar limitada a 13 páginas, que es la extensión de la moción de los demandantes», explicó el juez Robart.