En la sesión del Congreso programada de manera inusual para este lunes, el gran tema era Miguel Alemán y la situación ocurrida ahí, en la región agrícola de Hermosillo el fin de semana, con el desalojo de manifestantes a manos de las autoridades estatales y municipales.
Demian Duarte
Los diputados del PRI y el PAN, pero también de Morena y el PRD, el Partido Nueva Alianza y el Movimiento Ciudadano traían listos sus obuses, sin embargo al final todo terminó en posicionamientos políticos, que terminan por concluir en donde mismo, que se determine a fondo si hubo un exceso en el uso de la fuerza pública y de ser así que se castigue a los responsables.
A tribuna subieron (en orden de aparición) Javier Dagnino Escobosa del PAN, Iris Sánchez Chiu del PRI y José Ángel Rochín de Morena, el tema fue el mismo, no a la represión, no al uso excesivo de la fuerza, sí a los acuerdos y la negociación.
La posición de la bancada del PAN fue clara, no debe permitirse un acto más de exceso en el uso de la fuerza pública, además de demandar que comparezcan ante el pleno del Congreso Adolfo García Morales, secretario de Seguridad Pública y el comisario de seguridad del municipio de Hermosillo, a fin de que expliquen las razones y motivos que los llevaron a semejantes actos en contra de los ciudadanos.
El diputado Dagnino subrayó que este debe ser el último acto en el que se les pasa la mano a los policías, porque de lo contrario será muy evidente, que hay un mando superior que los envía a ejercer violencia contra el ciudadano.
Iri Sánchez Chiu ofreció un posicionamiento a nombra de sus compañero diputado muy similar, dijo que no se puede tolerar la violencia contra el ciudadano y demandó una investigación a fondo, sin embargo, también pidió dilucidar quien o quienes están detrás de esta situación que calificó como un acto de provocación, en el que se utilizó además a niños y mujeres como escudo.
Por eso hizo un llamado a no tratar de resolver las diferencias con engaños y tratando de manipular, sino con diálogo y consensos.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Iris Sánchez Chiu comentó que el respeto es fundamental para encontrar una solución a los problemas que nos afectan como sonorenses.
La legisladora dijo que el Grupo Parlamentario del PRI solicita una investigación a fondo sobre los hechos registrados el viernes donde elementos policiacos desalojaron a los manifestantes que bloqueaban la carretera a Bahía de Kino.
“Es importante deslindar responsabilidades y si hubo exceso de fuerza por parte de los agentes se castigue a los responsables, pero que también se investigue a quienes bloquearon la vía de comunicación para conocer los motivos reales de su acción”, precisó Sánchez Chiu.
La legisladora pidió también ir a fondo para conocer la verdad del problema que desembocó en el bloqueo de la carretera que conduce al poblado Miguel Alemán, lo que motivó la intervención de la policía al agotarse los intentos de diálogo con quienes bloqueaban la rúa, con la consiguiente afectación a cientos de personas.
Hasta el momento lo que se sabe, dijo, es que durante la administración de Guillermo Padrés, la Dirección General de Transporte otorgó 21 concesiones de transporte suburbano para que operaran en el área de del poblado Miguel Alemán.
En el caso concreto de estas concesiones de transporte público, como es el caso de todas las concesiones de esta naturaleza, el concesionario no obtiene solamente el derecho de explotar esta concesión, también acepta ciertas obligaciones que están relacionadas principalmente con la seguridad y la integridad física de los usuarios del servicio de transporte público.
Mencionó que de acuerdo con información de la propia autoridad del transporte, los 21 concesionarios están obligados, entre otros aspectos, a establecer centrales o terminales propias o utilizar alguna de las autorizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.
Derivado de diversas inspecciones practicadas desde el año pasado por la autoridad del transporte, se determinó el incumplimiento de esta obligación, llevando como consecuencia el inicio del procedimiento de revocación correspondiente.
Sánchez Chiu señaló que los concesionarios estaban enterados de este procedimiento que inició desde el año 2016 y que culminó con una resolución de revocación de las concesiones, que incluso se publicó en el Boletín Oficial del Estado.
Por cierto, los concesionarios fueron debidamente notificados de ese procedimiento. Tuvieron la oportunidad de defenderse, pero curiosamente, no lo hicieron, aunque aún tienen el derecho de impugnar la resolución de revocación de sus concesiones ante el Tribunal Administrativo y, en caso de no obtener un fallo favorable, acudir a los tribunales federales para intentar dejar sin efecto la indicada revocación.
La legisladora reiteró el llamado tanto a los concesionarios como a la Dirección del Transporte a mantener un diálogo que permita, dentro de la ley, a encontrar una solución a este conflicto originado por el otorgamiento de concesiones que no están del todo claras.
José Ángel Rochín por su parte reprobó los actos de violencia y exigió respetar el derecho a la manifestación y los derechos humanos.
Al final la discusión y el debate legislativos no aparecieron, precisamente porque el acuerdo es ir tras el dialogo y la conciliación.
