La activación de dicha serie de iniciativas de reforma se da justo en vísperas del relevo de la legislatura, que será controlada por una mayoría absoluta de Morena.

El Financiero/ Brisa Retano

HERMOSILLO.- El Congreso de Sonora activó una serie de iniciativas de reforma constitucional que contemplan otorgar derecho de veto total, parcial y presupuestal al Poder Ejecutivo sobre decisiones del Poder Legislativo, justo en vísperas del relevo de la legislatura, que será controlada por una mayoría absoluta de Morena.

Lo anterior ha sido rechazada por la dirigencia estatal de ese partido y por sus aliados del PT y el PES por considerar que le confieren poderes metaconstitucionales a la gobernadora, Claudia Pavlovich. Sin embargo al no disponer de un solo legislador en el Congreso del Estado, sólo se pueden oponer de manera verbal.

Jacobo Mendoza, dirigente estatal de Morena, solicitó al Congreso abstenerse de realizar cambios constitucionales y permitir que arranque el periodo ordinario de sesiones con la integración de la 62 Legislatura partir del 1 de septiembre.

Sin embargo, Gilberto Gutierrez Sánchez, dirigente estatal del PRI manifestó que los diputados actuales tienen derecho y mandato constitucional de cumplir con su función de legislar, por lo que demandó a la oposición que permita a los diputados hacer su trabajo y que en todo caso ellos hagan el suyo al asumir sus cargos.

Entre las propuestas a discusión se considera la imposibilidad de realizar cambios sucesivos, toda vez que el poder ejecutivo podrá vetar de manera total o parcial cualquier iniciativa que se considere atenta contra la Constitución Política del Estado.

Esta no es la única medida puesta a discusión y proyectadas para su aprobación en sesión extraordinaria que se realizará este miércoles 18 de julio (en pleno periodo vacacional del sector gobierno), pues el gobierno de Sonora influir en el nombramiento de personal directivo del mismo Congreso del Estado, reservar para sí la creación o supresión de dependencias, así como proteger los nombramientos de funcionarios que están contemplados para permanecer en sus cargos por periodos mayores al de su mandato -donde están el actual Fiscal General el Auditor Superior del Estado y los Integrantes del organismo ciudadanizado del Sistema Estatal Anticorrupción-.

También se contempla reafirmar libertad presupuestaria para que la gobernadora mantenga la faculta de autorizar transferencia, resignación y ampliación de recursos, de modo que la facultad se eleve a rango constitucional.

De acuerdo con la iniciativa a que tuvo acceso El Financiero, con los cambios propuestos a la Constitución Política del Estado, se le daría a la gobernadora el derecho de emitir controversias constitucionales con la finalidad evitar la invasión de competencias o para impedir transgresiones a la constitución del estado, así como disponer de acciones de inconstitucionalidad con la finalidad de frenar una iniciativa que pueda ser violatoria de la constitución.

También se incluye una cláusula de control previo de constitucionalidad, con el que se busca generar certeza en la asignación y remoción en los cargos en el congreso del estado a efecto de garantizar la especialización y profesionalismo de los servidores públicos del poder legislativo.

La iniciativa también plantea, eliminar el fuero, controlar el nombramiento de comisionado de Instituto de Transparencia y de otros organismos públicos que se consideran independientes del poder ejecutivo.

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