Amplían plazo para resolver solicitud de juicio político contra Fiscal del Estado

Por un periodo de sesenta días naturales se amplió el plazo para la resolución de la solicitud de juicio político presentada en contra de la Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, aprobó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, junto con un Decreto que adiciona la Ley de Fiscalización Superior a efecto de otorgarle recursos al órgano de control interno del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF.

La ampliación del plazo, previsto en el Artículo 276 de la Ley Estatal de Responsabilidades, es para realizar un análisis profundo respecto de la solicitud que presentó el ciudadano Francisco Arnaldo Monge Araiza en contra de Claudia Indira Contreras Córdova, en su carácter de Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, por diversos hechos que el solicitante considera violatorios a los artículos 1º, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución local.

El diputado Jesús Alonso Montes Piña, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, informó que Monge Araiza ya ratificó su solicitud ante dicha dictaminadora, misma que sustenta en lo establecido en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En esta reunión de trabajo también se aprobó el proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción XI del Artículo 95 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, con el objeto de que se le asigne al órgano de control interno del ISAF, adicional a lo que éste recibe según lo dispuesto en el párrafo noveno del Artículo 67 de la Constitución local, una cantidad no menor del 2 por ciento del presupuesto anual para dicho instituto.

El diputado Gildardo Real Ramírez explicó el objetivo de la iniciativa que la semana pasada presentó a nombre del grupo parlamentario del PAN, el cual se sustenta en la necesidad de que el ISAF implemente programas que contengan políticas eficaces de ética pública, de integridad y de conducta institucional, para lograr el principio de máxima publicidad y transparencia en sus actos de supervisión.

Los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales además aprobaron en todas y cada una de sus partes, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato, que en días pasados remitiera a esta Soberanía la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

Aprueban dos proyectos decreto

Una vez aprobados los asuntos presentados por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la de Justicia y Derechos Humanos continuó la reunión de trabajo en la que no fue aprobada una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Familia y del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, presentada por el diputado Luis Armando Colosio Muñoz.

La diputada María Alicia Gaytán Sánchez dio a conocer un posicionamiento con relación a dicha iniciativa que propone la figura del divorcio exprés, lo que consideró inconstitucional, ya que vulneraría, dijo, la esfera de competencia del Congreso de la Unión.

En otro punto del orden del día, la dictaminadora aprobó el proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, que el pasado 5 de noviembre presentó ante el Pleno el diputado Jesús Alonso Montes Piña.

Se trata de garantizarle a la ciudadanía que los operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio actúen bajo los principios rectores que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales y con ello generen confianza en su actuar, ya que el espíritu del legislador, al elaborar dicho código, fue que existiera una separación entre el Ministerio Público, que es el que investiga, y la autoridad encargada de la evaluación y supervisión de medidas cautelares.

Un segundo proyecto de decreto aprobó la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, este en conjunto con la Comisión de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, que con base a una iniciativa de la diputada Rosa Icela Martínez Espinoza, que presentó el pasado 28 de noviembre, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Atención a Víctimas y de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora.

El objetivo es que diversas instancias de los ámbitos estatal y municipal estén obligadas, a partir de la modificación de ambas normas jurídicas, a documentar y entregar información respecto a la niñez y adolescencia que está en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres, así como establecer medidas especiales para prevenir, atender y erradicar la discriminación de la que puedan ser víctimas.

Todos los asuntos aprobados serán turnados a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRICP, para que sean considerados en el orden del día de una próxima sesión del Pleno.

Fuente: Congreso