¿Bienestar vía desmantelamiento de instituciones de Estado?

Jacqueline Peschard

El cambio de régimen, a través de combatir los abusos del poder y el bienestar para toda la población, sobre todo los más desfavorecidos, han sido los dos ejes centrales del gobierno del presidente López Obrador. Buena parte de sus programas emblemáticos están orientados justamente a la búsqueda del bienestar para los más pobres, que sabemos ascienden a 53.4 millones de personas, y veo difícil que alguien pudiera poner reservas a dicha propuesta. ¿Cómo explicar, entonces, que invocando la austeridad y el multicitado memorándum presidencial del 3 de mayo pasado, las secretarías de Bienestar y de Hacienda pretendan desmantelar al Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), pidiéndole no sólo que restrinja aún más sus gastos, sino que virtualmente desmorone su estructura organizacional eliminando su cuerpo de coordinación, altamente calificado, formado por las Direcciones Generales Adjuntas? ¿Es posible diseñar políticas de bienestar eficientes sacrificando la evaluación independiente de los programas en este rubro?

Coneval es uno de nuestros timbres de orgullo institucional, no sólo porque es el organismo con autonomía técnica, encargado de medir los niveles de pobreza del país y de evaluar las políticas de lo que antes llamábamos desarrollo social y hoy bienestar, sino porque ha elaborado los diagnósticos más sólidos sobre la manera como se utilizan los recursos públicos en esta materia clave para atacar el peor problema de nuestro país, que es el de la desigualdad social. La cantidad de datos y de análisis que nos ha ofrecido el Consejo a lo largo de sus casi tres lustros de vida han sido la fuente de los estudios mejor armados sobre política social, y para muestra está el Programa Universitario de Desarrollo, que encabeza Rolando Cordera, el cual recurre insistentemente a las cifras e indicadores de Coneval.

Por supuesto que los indicadores que nos ha ofrecido la institución son esenciales para la elaboración de políticas públicas de bienestar, siempre que estas se comprometan a ser eficaces y eficientes. Coneval no diseña las políticas, sólo proporciona los elementos necesarios para que estas se basen en datos documentados y sistematizados. También es cierto que buena parte de lo que ha reportado, por ejemplo, la evolución del poder adquisitivo del ingreso laboral de las familias, que entre 2008-2018 cayó 6.7 por ciento, o los niveles de pobreza del país, que entre 2008 y 2016 aumentaron en 3.9 millones de personas, son una muestra de que urge modificar las políticas de bienestar, pero ello no se logrará rehusándose a evaluarlas de forma independiente. Como bien dice el lema del Consejo, “lo que se mide se puede mejorar”, pero si quien hace las mediciones es el mismo gobierno, erigiéndose en juez y parte, se desnaturalizará la evaluación y sólo servirá para aparentar que funcionan bien los programas gubernamentales.

La buena reputación técnica del Consejo se basa en su estructura orgánica, que le ha permitido ser en la práctica una institución de Estado y no de gobierno, aunque siga situada dentro de la Secretaría de Bienestar y no esté plenamente vigente la reforma de 2014, que lo elevó a organismo constitucional autónomo. La manera como hoy se integra su Comité Directivo (órgano de gobierno colegiado, con seis consejeros que no son nombrados por los partidos políticos) le asegura su carácter eminentemente técnico y apartidista, y de ello ha dependido que sus ejercicios de evaluación se hagan con autonomía e independencia en los hechos. La autonomía constitucional dotaría al Coneval de autonomía presupuestal; sin embargo, sigue pendiente la aprobación de la ley reglamentaria en el Congreso de la Unión para darle plena vigencia y hay fuertes discusiones sobre el modelo que debería aplicarse.

La Secretaría de Bienestar ha insistido en que no hay intenciones de desmantelar a Coneval, sino sólo de cumplir con el programa de austeridad del gobierno federal. Empero, cada vez parece más claro que son incompatibles los recortes abruptos y sin planeación con la preservación de un organismo que ha funcionado como institución de Estado y que ha dado muestras de un desempeño ejemplar.