Aprueban por unanimidad el Decreto en el que se establecen castigos para quienes cometan el delito de violación a la intimidad sexual
En el Estado de Sonora será castigada cualquier forma de violencia contra la mujer y su intimidad en cualquiera de sus formas, ya sea digital o sexual, para garantizar el respeto a su dignidad y brindarles protección a través de un marco jurídico más completo, con las reformas y adiciones al Código Penal, al Código Civil, a la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y a la Ley Estatal de Responsabilidades, aprobadas por unanimidad en el Pleno del Congreso del Estado.
“La violencia cibernética contra las mujeres y niñas es un problema de proporciones pandémicas y que se está convirtiendo en un problema mundial, con graves consecuencias para la sociedad y economías de todo el mundo, debido al uso de las tecnologías de la comunicación que están siendo utilizadas para causar daño a las mujeres y a las niñas, principalmente por la falta de controles legales, medidas de seguridad y de justicia, que faciliten la persecución del comportamiento criminal”, establece uno de los considerandos presentados por las comisiones dictaminadoras.
Los integrantes de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y para la Igualdad de Género, dictaminaron la iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo estatal el 5 de marzo del presente, la cual previo análisis fue modificada en algunos aspectos para enriquecerla con propuestas de especialistas en la materia y organizaciones feministas, para arribar este día a la segunda lectura del Decreto al que se le hicieron algunas adiciones durante la discusión en lo particular.
El diputado Eduardo Urbina Lucero presentó, a nombre de los diputados que integran ambas comisiones, las reservas en lo particular para modificar la denominación del Capítulo Primero del Título Quinto del Código Penal para el Estado de Sonora, para quedar de la siguiente manera: Exposición pública de pornografía, exhibiciones obscenas, violación a la intimidad y violación a la intimidad sexual.
El Pleno también aprobó modificar el Artículo 167 BIS como lo establecía el dictamen, para que la penalidad a quien cometa el delito de violación a la intimidad sea de dos a cuatro años de prisión, y de 150 a 300 Unidades de Medida y Actualización, pena que se agravará en una mitad cuando se trate de ascendientes o descendientes en línea recta, o exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación sentimental.
La sanción que se proponía originalmente para quien cometa el delito de violación a la intimidad se asignó al delito de violación a la intimidad sexual, mediante la adición en lo particular al dictamen, de un Artículo 167 TER: de cuatro a seis años de prisión, y de 150 a 300 UMA. Ambos delitos se perseguirán de oficio.
Artículo 167 TER: comete el delito de violación a la intimidad sexual quien por cualquier medio exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, publique, intercambie, comparta, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore imágenes, audios o videos de contenido sexual, erótico o pornográfico de una persona, reales o alterados, ya sea impreso, grabado o digital, sin consentimiento de la víctima.
Establece que la pena se agravará cuando se cometa con violencia física, moral, verbal, psicológica, sexual, económica o patrimonial, se obligue a la víctima a fabricar contenido íntimo, sexual o erótico publicado sin consentimiento, y cuando se realice por medio de acoso, hostigamiento, amenaza o engaño.
En la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Sonora quedó definida la violencia digital como los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, engaño, abuso de confianza, vulneración de datos e información, divulgación y difusión de textos, imágenes, audios, videos, datos personales u otros elementos, ya sean de naturaleza verdadera, alterada o apócrifa de contenido sexual íntimo, que inciten al odio y/o que atenten contra la integridad.
También contra la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada, causen daño moral, atenten contra la salud psicológica o vulneren algún derecho humano, y que se realice a través de mensajes telefónicos, publicaciones en redes sociales, correo electrónico, sistemas de mensajería, aplicaciones tecnológicas, plataformas digitales o cualquier otro medio tecnológico; y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.
El diputado Eduardo Urbina Lucero, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, agradeció a quienes participaron en el análisis de la iniciativa, tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que emitieron sus opiniones y lograron ampliar el panorama en cuestiones técnicas, además reconoció al Poder Ejecutivo, ya que con apertura escuchó y supo ceder en algunos términos que se modificaron de la propuesta original.
“También a las y los participantes de cada foro, reunión, de todos los ejercicios de participación; a quienes enviaron oficios y que nos demostraron que nos equivocamos y aceptamos ese error que tuvimos; que no se socializó lo suficiente, lo asumimos y corregimos, y creo que es una buena señal de este Congreso que podemos equivocarnos pero podemos corregir con humildad. El ejercicio que tuvo esta iniciativa creo que ha sido el de más discusión, polarización y no lo veo como algo malo, simplemente fue una discusión amplia”, expresó.
La diputada María Alicia Gaytán Sánchez, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, celebró los acuerdos alcanzados para lograr incluir el delito de violación a la intimidad sexual, ya que de esta manera se cumplió con lo que los colectivos y las mujeres que han sido agredidas sexualmente demandaban.
“De hoy en adelante ellas tendrán un elemento, una ley que las proteja y puedan acudir a la instancia donde se les va a dar respuesta a su problema; ahí tienen la ley para que puedan, en cualquier momento, ejercer su derecho a la denuncia”, aseveró.
La diputada Niztia Corina Gradías Ahumada la llamó ley integral contra la violencia digital, la cual es parte de las políticas que buscan prevenir, sancionar y erradicar cada forma de violencia, pero también garantizar el respeto a la dignidad de las mujeres; reconocer y castigar la violencia digital y el ciberacoso.
La diputada Magdalena Uribe Peña y el presidente de la mesa directiva, Carlos Navarrete Aguirre, agradecieron a la ciudadana Olimpia Coral Melo Cruz su colaboración para la elaboración del dictamen, y la diputada María Dolores Del Río Sánchez afirmó que la joven inició como víctima este movimiento y junto a muchos colectivos y mujeres han luchado por un tema central: México no es un país seguro para las mujeres, ni Sonora es un Estado seguro para las sonorenses.
Aprueban Decreto, acuerdos con exhortos y turnan iniciativa a comisiones
En esta sesión ordinaria se le dio segunda lectura al dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Registro Civil para el Estado de Sonora, en materia de identidad de género, mismo que se fundamentó en una iniciativa presenta por la diputada Miroslava Luján López.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos dictaminó que cualquier ciudadana o ciudadano que quiera realizar la adecuación de su identidad de género autopercibida, podrá hacerlo formalmente a través de un trámite administrativo claro y sencillo ante las oficinas del Registro Civil del Estado, que le garantice y facilite el ejercicio del derecho a su libre desarrollo de la personalidad, con el fin de modificar su acta de nacimiento para variar su sexo e identidad sin que tenga que promover un juicio para esos efectos.
Para la elaboración de este dictamen, la comisión requirió la opinión a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuyo Secretario General respondió que se trata de una iniciativa que tiene su fundamento en criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconocen derechos de las personas que forman parte de la comunidad LGTBTTTIQ, y que en el caso concreto tiene relación directa con la identidad de género autopercibida.
El Decreto, que se aprobó por mayoría, establece que la persona interesada podrá corregir en su acta de nacimiento el sexo o el género, sin necesidad de acudir ante la autoridad judicial, sino solamente ante el Oficial del Registro Civil.
También se aprobaron acuerdos con exhortos, el primero dirigido a la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y a los 72 ayuntamientos, con el objeto de que se coordinen en la realización de operativos de vigilancia que eviten el trabajo infantil en la entidad.
El diputado Rodolfo Lizárraga Arellano expuso que corresponde a las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, garantizar a niñas, niños y adolescentes, la protección y el ejercicio de sus derechos y la aplicación de medidas necesarias para su bienestar, tomando en cuenta los derechos y deberes de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia.
Un segundo Acuerdo con exhorto aprobó la asamblea, para que los 72 ayuntamientos del Estado modifiquen sus respectivos reglamentos en materia de derechos de acceso a la información, igualdad, seguridad jurídica, libertad de expresión, manifestación, reunión, intimidad y vida privada.
El diputado Luis Armando Colosio Muñoz indicó que también deberán modificar los principios de gratuidad en el acceso a la información; legalidad, proporcionalidad tributaria, prohibición de injerencias arbitrarias, así como lo referente a la obligación del Estado de respetar, promover, proteger y garantizar derechos humanos, tomando como referencia lo expresado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 95/2020.
La Presidencia turnó a las comisiones Primera y Segunda de Hacienda una iniciativa presentada por el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, que tiene por objeto la reducción del Impuesto Sobre Nómina para aquellas empresas que favorezcan el concepto de trabajo desde casa.
El diputado Jesús Alonso Montes Piña explicó que se pretende adicionar un artículo 218-bis 4 a la Ley de Hacienda del Estado, para que la reducción del impuesto sea de hasta 50 por ciento, cuando las micro y pequeñas empresas apoyen a sus trabajadores mediante la implementación de medidas para desempeñar labores desde el hogar, ante la pandemia por el COVID-19, pero también como un beneficio para los empleados que por algún motivo invierten mucho tiempo en el traslado a sus sitios de trabajo.
Y con motivo de que este viernes 2 de octubre se conmemoran 52 años de los hechos ocurridos en torno al movimiento estudiantil de 1968, los diputados Miguel Ángel Chaira Ortiz y Carlos Navarrete Aguirre, presentaron posicionamientos en alusión a esta fecha.
El diputado Chaira Ortiz recordó cuando miles de estudiantes realizaron un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para dar a conocer un pliego petitorio al Gobierno Federal que encabezaba Gustavo Díaz Ordaz, en el cual solicitaban la libertad de estudiantes y activistas que fueron encarcelados por manifestarse.
“El 2 de octubre se conmemoran 52 años de la matanza de estudiantes. Nuestro país se caracteriza por su rebeldía histórica ante hechos que lo agravian. Este movimiento, donde lamentablemente se perdieron vidas humanas, no fue en vano, después de ello la sociedad exigió al gobierno en turno que permitiera la apertura de más espacios a la libre expresión política”, externó.
El diputado Navarrete Aguirre afirmó que en esta fecha se conmemora la lucha por la libertad, por expresarse sin represión, por erradicar la violencia y por ejercer plenamente los derechos.
“El día 2 de octubre no se olvida porque, a causa de las muertes de esos jóvenes valientes, cambió la historia de nuestro país. Es muy triste que en muchos municipios y estados, el nombre de Gustavo Díaz Ordaz ocupe el nombre de una calle; la verdad no podemos permitir que ningún asesino o ningún violentador pueda seguir haciendo historia en nuestro país”, expresó el Presidente del Congreso del Estado.
Fuente: Congreso
