Pobreza extrema pasó de 81 a 86 millones en AL por pandemia: Cepal

0
114

Ciudad de México. La pandemia de Covid-19 generó graves retrocesos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad en América Latina, pero dichos rezagos hubieran sido aún peores si no hubiera habido transferencias económicas a los sectores más empobrecidos, por lo que es necesario que en 2022 continúen y se fortalezcan dichos programas de ayuda social.

Así lo afirmó la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, quien encomió la actuación del gobierno mexicano en esta coyuntura y subrayó que la emergencia sanitaria es al mismo tiempo una oportunidad para construir en los próximos años un “Estado de bienestar” cuya base sea el cuidado de los grupos más vulnerables.

Durante la presentación virtual del informe “Panorama social de América Latina 2021”, la experta señaló que la pobreza extrema en la región subió de 13.1 por ciento en promedio a 13.8, lo que significa que el número de personas en esta condición aumentó de 81 a 86 millones. Al mismo tiempo, la pobreza moderada registró una ligera baja de 204 a 201 millones de personas.

Lo anterior implicó que, por sexto año consecutivo, los niveles de precariedad en la zona hayan aumentado, rompiendo así con la tendencia iniciada en 2002 de sucesivas reducciones a los índices de pobreza.

Aunque en 2021 se produjo una recuperación del Producto Interno Bruto (PIB) promedio regional de 6.2 por ciento, dicha alza es “insuficiente para mitigar los efectos sociales de la pandemia”, lamentó Bárcena.

La titular de la Cepal indicó que, en este escenario, las llamadas “transferencias no contributivas del Estado” jugaron un rol central para atenuar la pobreza, sobre todo la de sectores especialmente vulnerables.

De acuerdo a la Cepal, la tasa de incremento de la pobreza extrema representa «un retroceso de 27 años» en el avance de los indicadores, el 27 de enero de 2022. Foto tomada del Twitter de @cepal_onu

Un ejemplo de ello es que el porcentaje de mujeres que carecen de ingresos propios en la región en 2020 fue 25.8 por ciento, cuando dicha cifra era de 36.7 por ciento si no se contaran los mencionados esquemas de ayuda.

En el mismo sentido, indicó que en 2021 la tasa de pobreza aumentaría de 32.1 a 33.4 por ciento si no hubiera transferencias emergentes, a pesar del crecimiento del PIB per cápita de la zona.

El año pasado, dijo, los mencionados esquemas tuvieron fondos por 45 mil 271 millones de dólares, pero esa cantidad es alrededor de la mitad de lo comprometido en 2020, por lo que enfatizó que “es necesario mantener las transferencias monetarias de emergencia en 2022 o hasta que la crisis esté controlada”.

Por otro lado, Bárcena señaló que al mismo tiempo que la calidad de vida de la mayoría de la población latinoamericana empeoró de forma notable, entre 2019 y 2021 el patrimonio de los millonarios en siete países de la región –incluido México– aumentó un 14 por ciento. De hecho, sólo 107 personas tienen un patrimonio de alrededor del 11 por ciento del PIB de sus respectivas naciones.

Por lo anterior, la especialista llamó a conformar un “nuevo pacto fiscal progresivo”, porque en la actualidad los impuestos sobre la renta y sobre la propiedad no son suficientes, y sin tener recursos amplios, no se puede sostener un “Estado de bienestar” para todos los habitantes.

Al ser cuestionada sobre el desempeño del gobierno mexicano durante la crisis sanitaria, Bárcena destacó que el actual gobierno empezó con un programa de transferencias económicas de emergencia desde antes del inicio de la pandemia y decidió extenderlas hasta el 2024, mientras en otros países de la zona estos esquemas están sufriendo recortes.

Asimismo, encomió que las autoridades mexicanas otorgaron en 2020 apoyos por hasta 35 mil millones de pesos a las pequeñas y medianas empresas y aumentó el salario mínimo por primera vez desde hace varios años.

De igual forma, Bárcena saludó el programa de apoyos a sectores vulnerables, como adultos mayores y pueblos indígenas, y subrayó la decisión del actual gobierno de no adquirir más deuda pública.