CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades del Pueblo de Pótam de la Nación Yaqui interpusieron un amparo que desde noviembre, por orden de un juez, suspende el Decreto Presidencial con el cual el gobierno crea el Distrito de Riego 018, contenido en el Plan de Justicia.
Denuncian que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) incumplió con lo acordado en los diálogos del Plan de Justicia, y con ello continúa el despojo de agua del río Yaqui. Resaltan que no respetaron su derecho a la consulta libre, previa e informada, contemplada en la Constitución, con la firma del Tratado 169 de la OIT.
En un desplegado en diarios locales firmado por integrantes de la Santa Iglesia de Pótam y la Tropa Yoremia de la Nación Yaqui, las autoridades de la iglesia de Pótam denuncian: “estamos sufriendo discriminación, el hostigamiento, el abuso de poder y la mala fe por parte de los directivos del INPI provoca desequilibrio en la vida interna dentro de nuestras comunidades indígenas”.
Los ocho pueblos de la Nación Yaqui en el sur del estado de Sonora realizan este 6 de enero la Consagración —o elección de gobierno tradicional por usos y costumbres—. Las autoridades de la iglesia de Pótam exigen respeto a su libre determinación y autonomía.
“No necesitamos de manipulaciones e intromisiones de facciones políticas en nuestra vida interna y pedimos unas elecciones libres de intromisiones del gobierno”.
Actualmente hay dos juicios de amparo indirectos en el Juzgado de Ciudad Obregón, uno presentado por la Santa Iglesia de Pótam, y otro por integrantes de la Tropa Yoremia de los ocho pueblos, con los cuales obtuvieron la suspensión.
Las autoridades tradicionales
Las iglesias de la Nación Yaqui son los espacios de reunión y asamblea donde los habitantes toman decisiones. Al ser unidades político-religiosas, contemplan a ambas, la religión y la administración, como forma de gobierno. La base de su gobierno tradicional es la tropa: los habitantes de los pueblos yaquis.
La iglesia yaqui rige la vida ritual, espiritual y lo sagrado. Organiza los cargos para las fiestas tradicionales como la Cuarejma. Decide quién puede ser gobernador, organizan ceremonias, rituales y danzas tradicionales. Una base de sistema de gobierno teocrático, heredada por sus ancestros.
La Guardia Tradicional es el órgano que rige el orden y la justicia. Cada uno de los ocho pueblos, además de contar con la primera autoridad que es la Iglesia, cuenta con su gobernador, pueblo mayor (o consejero anciano), capitán, comandante, secretario, que ejercen un sistema de gobierno asambleario, ejercen un sistema de justicia propio y cada domingo, deben rendir cuentas a la tropa. Este sistema normativo fue documentado y descrito por destacadas etnohistoriadoras como Raquel Padilla.
Piden diálogo directo con AMLO
Las autoridades de la Iglesia de Pótam exigen un diálogo directo con el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, aseguran, no están en contra del Plan de Justicia, sino en contra de una serie de atropellos que derivaron en la publicación de un Decreto que no avaló la Nación Yaqui por consenso.
Un grupo de abogados acompaña a las autoridades yaquis inconformes desde la Fundación Green Teotl AC. En entrevista, la representante legal asegura que “hay diversas irregularidades técnicas y jurídicas en el Decreto de creación del 018 y las autoridades de la Tribu Yaqui se están quejando. Concordamos que hay varias violaciones a sus derechos humanos y a sus derechos como pueblo. Por eso decidieron recurrir al juicio de amparo de garantías”.
Cronología del descontento
Desde que iniciaron los diálogos para la creación de un Plan de Justicia para la Tribu Yaqui, la Tropa Yoreme se consternó por la ausencia de los habitantes de uno de los ocho pueblos en los diálogos con los delegados del gobierno federal, encabezados por el comisionado Adelfo Regino, encargado del INPI.
Pie de Página confirmó que de los ocho gobiernos tradicionales, siete representantes participaron en los trabajos de la comisión para el plan. El gobernador de Loma de Bacúm no participó. Este pueblo encabeza la defensa de la tierra ante la imposición de un gasoducto privado y hasta la fecha impide su construcción. A lo largo del proceso, el INPI omitió la palabra de las autoridades de las iglesias tradicionales de cada pueblo, que son quienes tienen la última palabra en las decisiones de la Nación Yaqui.
La ausencia tanto de un gobernador tradicional como de las autoridades de la Iglesia Yaqui repercute en la legitimidad de los trabajos, así como en la información que llega a la Tropa Yaqui. Hubo desconocimiento de la tropa yaqui respecto a lo acordado sobre el Distrito de Riego 018.
Habitantes del pueblo yaqui denunciaron la ausencia de la tropa en la totalidad de las reuniones que organizan para dar seguimiento al plan de justicia.
“Sólo está en una cuantas manos y el grueso de la población está ajena a esta dinámica, por lo que es imposible generar consensos en los términos que la Tribu Yaqui acostumbra hacerlo históricamente”, denunció una mujer yaqui.
El descontento se incrementó cuando los habitantes yaquis detectaron que el gobierno reparte dádivas a las autoridades de la guardia para avalar el Plan y el Distrito 018, refiere el grupo de abogados:
“Tenemos conocimiento que el INPI hizo un mecanismo de repartición de recursos y a los gobernadores y les dan mensual una paga, les bajan dinero a sus cuentas personales, y no para toda la Tribu, que sucediera en el oscurito les molestó como autoridades”, asegura la representante de la Fundación Green Teotl AC.
La siguiente inconformidad de las autoridades yaquis fue con el evento para presentar el Plan de Justicia en un templete, y no en la enramada como habían sido los eventos con el presidente, pues esperaban que ese día hubiese diálogo. Denuncian que no les dejaron pasar al evento realizado en Vícam Pueblo, por lo cual pierde legitimidad y el aval de la Tropa Yoreme.
Al día siguiente de la presentación del Plan de Justicia, el presidente publicó en el Diario Oficial de la Federación el “DECRETO por el que se establece el Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui, integrado por las comunidades de Vícam Pueblo, Primera Cabecera, Pótam, Segunda Cabecera, Tórim, Rahum, Huírivis, Belem, Loma de Bácum y Cócorit-Loma de Guamúchil”.
El enojo se incrementó, ya que hasta ese momento las autoridades de la Iglesia se enteraron de lo que los gobernadores de las Guardias Tradicionales habían pactado con el INPI y demás dependencias involucradas como Conagua y Semarnat. Le reclamaron a su propio gobierno tradicional por varios puntos del decreto:
Primero, se enteraron que el decreto da por buena una consulta que se dice fue realizada el 21 y 22 de agosto, de la cual no se enteraron. Por ello el amparo apela a su derecho como pueblo indígena a la consulta libre, previa e informada. Esto también lo reclamaron a las autoridades tradicionales de la guardia.
En segundo lugar, el grupo de representantes legales analiza el decreto y asegura que hay un atropello al derecho al agua, ya que por decreto presidencial de Lázaro Cárdenas a la Tribu le pertenece el 50% de las aguas de la presa la angostura, que está en la parte de arriba de la cuenca alta del río Yaqui.
En esta nueva versión de decreto, se determina “El Distrito de Riego que se establece por el presente Decreto, cuya principal fuente de abastecimiento de agua es el caudal del Río Yaqui, se dotará de la presa Álvaro Obregón (Oviachic) y contará con un volumen anual para fines de riego del orden de 673 Mm3, esto en función de la disponibilidad hídrica en la cuenca y del desarrollo y evolución física progresiva de la superficie regable”.
Por ello, las autoridades muestran preocupación y aseguran que continúa el despojo de sus aguas, ya que la presa del Oviachic está en la cuenca baja, y también está en disputa con los agricultores del valle del Yaqui por presentar sequía en temporadas prolongadas.
También se enteraron que el decreto contempla una Comisión Jiaki del Agua para el manejo del agua, la cual no existe en sus propios órganos de gobierno, ya que quienes toman las decisiones de los recursos naturales son las autoridades de la iglesia, la guardia y la tropa en asamblea.
De inmediato, después de hacer el análisis, la tropa Yoreme y las autoridades de las Iglesias interpusieron los amparos entre octubre y noviembre del 2021. El juez les pidió avalar que son las autoridades de la Iglesia legítimas, y ante notario público, los integrantes de la iglesia de Pótam, Maistro Mayor, Témasti Mol, Caballero Capitán Monaja Mayor y Capitan de infantería, firmaron sobre su legitimidad, la cual fue aceptada por el Juez de Ciudad Obregón, al igual de la legitimidad de las autoridades eclesiales de los pueblos de Rahum, Huirivis y Belén, quienes se sumaron al amparo.
La gota que derramó el vaso fue el 14 de diciembre, cuando en una reunión con las autoridades de la Iglesia de Pótam, Adelfo Regino, titular del INPI, les llamó conservadores por interponer el amparo contra el Decreto del Distrito 018. Dijo que el gobierno de AMLO se opone a los conservadores, lo cual despertó temor en los integrantes de la iglesia, quienes describen que lo sintieron como amenaza.
Las autoridades comenzaron a movilizarse cuando se dieron cuenta que los delegados del INPI estaban presionando a los gobernadores de la guardia tradicional para que se desistieran del amparo y negaran a las autoridades de la iglesia como legítimas.
En ese momento, las autoridades de la Iglesia de Pótam destituyeron a las cinco autoridades de la Guardia tradicional. Por lo cual, el documento que firmaron posteriormente en respaldo al INPI para desconocer a las autoridades de la iglesia y aceptar el Decreto del Distrito 018 carece de validez al interior de la Nación Yaqui. Por estas acciones del Instituto que, acusan, han llevado a la confrontación entre la Nación Yaqui, las autoridades yaquis temen la intromisión en la Consagración o elección interna que celebran este jueves.
“La ley de aguas nacionales establece diversas obligaciones a los usuarios del agua en un Distrito de Riego. Los indígenas de la Tribu Yaqui no son usuarios de terrenos agrícolas, son personas con un derecho especial para poder hacer uso de sus recursos naturales, su agua de forma que sea acorde con sus costumbres y su nivel de desarrollo. Al ser un usuario de Riego se te imponen cargas pecuniarias en dinero y cargas fiscales por las que debes pagar cuotas. Como van a pagar cuotas los indígenas si en su gran mayoría apenas les alcanza para comer….”, analiza el grupo de representantes legales de las autoridades yaquis.
Los representantes legales denuncian que el INPI no realizó estudios de impacto social, económico y en medio ambiente, ni hubo consulta indígena, que es el mecanismo adecuado para implementar conforme a la ley este tipo de políticas públicas, con respecto a la creación del Distrito 018.
El INPI argumenta legitimidad
A solicitud de Pie de Página, el INPI publicó un posicionamiento respecto al desplegado de las autoridades de Pótam en donde asegura que “se hacen acusaciones sin fundamentos contra el INPI”. Niegan haber ejercido actos de discriminación, y aseguran que por primera vez se ejerció diálogo abierto, directo y horizontal con las autoridades yaquis.
Aseguran que “el Instituto cuenta con toda la documentación firmada por los Gobernadores Tradicionales, Capitanes, Comandantes, Pueblos Mayores y Secretarios tradicionales Yaquis que dan cuenta del proceso y de la legitimidad de los acuerdos”.
“Bajo ninguna consideración puede sostenerse que afecte al pueblo yaqui dotarle de 673 millones de metros cúbicos de agua”, escribe el INPI en su posicionamiento. Niega que las autoridades de Pótam se opongan al Distrito de Riego 018.
El último comunicado que tiene el INPI al respecto es uno titulado “Autoridades Yaquis y Estado Mexicano se comprometen a materializar juntos el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui”, después de una reunión en Vícam Pueblo, donde participó el gobernador Alfonso Durazo. No habla sobre el Distrito de Riego 18.
En el comunicado donde dan a conocer el Decreto Presidencial, el INPI publica que “El Distrito de Riego 018 será administrado por el propio pueblo a través de la Comisión Jiaki del Agua, cuya integración y funcionamiento será acorde a su cultura”. Sin embargo, en el sistema normativo de la nación Yaqui no existe dicha comisión, sino que son la triada de Guardia tradicional, autoridades de la iglesia y tropa quienes deciden sobre todos los bienes comunes en los que viven.
