El informe de resultados de la revisión de la cuenta pública estatal 2019, que contiene los resultados relevantes de la fiscalización financiera, presupuestal, de gabinete a la información trimestral y de cuenta pública; legal, de desempeño, de deuda pública y técnica a la obra pública, fue presentado por la Comisión de Fiscalización ante el Pleno del Congreso del Estado.
También fue presentado el dictamen en relación a la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los 72 municipios relativas al ejercicio fiscal 2019, el cual fue aprobado por mayoría y establece en el Acuerdo que se aprueban las cuentas de 63 municipios y con calificación reprobatoria quedaron las de Sáric, Navojoa, Empalme, San Ignacio Río Muerto, Átil, Mazatán, Tubutama, Bácum y Bacadéhuachi.
Son 819 informes individuales de auditoría, 132 de ellos relacionados con los recursos del gasto federalizado. En el primer informe se presenta un resumen de los resultados de la fiscalización superior del ejercicio 2019 a 104 entes estatales, incluidos sindicatos, asociaciones civiles, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, de los poderes Legislativo y Judicial, así como de organismos autónomos.
Además incluye el número de auditorías realizadas, la descripción de la muestra del gasto público y la cantidad líquida de los presuntos daños y perjuicios a la hacienda pública estatal, establece el documento presentado por la comisión.
El informe de resultados elaborado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF, incluye un apartado en el que se aborda el análisis de las doce áreas clave de riesgo identificadas en la fiscalización de la cuenta pública 2019; se incluyen sugerencias a este Poder Legislativo para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas.
Durante el proceso se determinaron mil 103 observaciones, de las cuales se solventaron 808 y 295 se encuentran por solventar. Destaca que el 25 por ciento de las entidades del Poder Ejecutivo se encuentran en una situación de alto endeudamiento, al tener un resultado de indicador por encima del parámetro de 50 por ciento.
En el informe de resultados, el ISAF recomienda a tres órganos autónomos: el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Poder Legislativo, los cuales se encuentran en una situación de poca liquidez, que establezcan medidas de control interno para no comprometer en mayor medida su patrimonio.
Señala que el Poder Ejecutivo se encuentra en una situación de alto endeudamiento al registrar un crecimiento en este indicador, ya que pasó de 79.5 por ciento en 2018 a 98.8 por ciento en 2019, y en cuanto a la fiscalización del gasto federalizado, se seleccionaron 42 fondos federales por un monto total de 16 millones 932 mil pesos.
Posicionamientos
Una vez presentado el informe, los grupos y representaciones parlamentarias dieron a conocer al Pleno sus posicionamientos en relación a la cuenta de la hacienda pública estatal 2019. Por el grupo parlamentario de MORENA, la diputada Ernestina Castro Valenzuela informó que encontraron opacidad, falta de destino y falta de justificación en la información recibida.
“Al desconocer, a ciencia cierta, a cuánto asciende el monto del presunto daño y perjuicio a la hacienda pública estatal, exigimos saberlo, pues es la cantidad de 41 millones de pesos que presume el mismo ISAF y que solo representa el .05 por ciento del total del universo analizado, y lo consideramos muy poco; siendo así, cuáles serían las dependencias o secretarías donde se concentra ese daño y perjuicio a la hacienda pública”, cuestionó.
Enseguida subió a la tribuna el diputado Jesús Alonso Montes Piña, quien con la representación del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, se pronunció porque se aplique la Ley ante las inconsistencias que encontraron de la revisión al informe de resultados, lo que podría constituir daño patrimonial a las arcas del Estado.
“En el análisis nos percatamos de algunas auditorías realizadas por el ISAF en las distintas dependencias y organismos autónomos, donde personal de los distintos niveles administrativos involucrados en el quehacer del registro y control de los bienes y recursos financieros y/o materiales, no cumplen cabalmente con su función, constituyendo posibles daños patrimoniales”, aseveró.
Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada afirmó que, de acuerdo a indicadores de la Auditoría Superior de la Federación y lo que arroja el informe de resultados de la cuenta pública estatal 2019, el Estado de Sonora destaca a nivel nacional en rendición de cuentas, gracias al ejercicio responsable del gasto, al cumplimiento de metas y por apegarse a la normatividad.
“Como en ejercicios anteriores que nos ha correspondido revisar a esta Legislatura, nos pronunciamos satisfechos con los hallazgos del ISAF a la cuenta pública estatal; es un hecho que la administración pública del Gobierno del Estado tiene hoy otra dimensión y otro nivel. Nos encontramos en un plano positivo de rendición de cuentas y transparencia”, expresó.
A nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el diputado Orlando Salido Rivera cuestionó que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización solo generó una propuesta de calificación aprobatoria o reprobatoria a las cuentas públicas municipales, mientras que a la del Estado no, únicamente el informe de resultados.
“Seguimos considerando que debemos establecer un criterio de interpretación o reforma constitucional que califique la cuenta pública del Estado igual que a los municipios, de esta manera, el Poder Ejecutivo al igual que este Congreso del Estado, contemos con una base de aprobación de sus dependencias y entidades como se hace en los ayuntamientos”, afirmó.
El diputado Gildardo Real Ramírez presentó enseguida el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con el que dio a conocer que la calificación de la cuenta pública no es buena, ya que por un lado el gobierno estatal presenta una cuenta llena de errores pero con protección del ISAF, y por otro hay ayuntamientos con una situación muy lamentable y cuentas más que reprobadas.
“Estas cuentas públicas cuentan una historia que los diputados de Acción Nacional hemos venido señalando desde el inicio y por eso son más que relevantes. Hacemos un llamado urgente a mejorar las leyes para meter en cintura al gobierno estatal y detener la fiesta de transferencias entre partidas presupuestales, a amarrarles las manos a los alcaldes y detener el desfalco al que están sometiendo a los municipios de Sonora”, externó.
Por el grupo parlamentario de Nueva Alianza, el diputado Fermín Trujillo Fuentes dijo que son cinco años de fortalecer la autonomía de los entes fiscalizables y del ente fiscalizador, y se ha encontrado la forma para aplicar mejor el gasto público, que se refleja hoy en una disminución de observaciones, de posible daño patrimonial, y de faltas graves y no graves.
“Los entes fiscalizables, desde la más alta representación de nuestra Gobernadora, hasta las presidentas y presidentes municipales han entendido que la transparencia y rendición de cuentas favorecen al pueblo y a la buena imagen de su gobierno; sin esta actitud, de la más alta jerarquía en la orden de mando, la transparencia y la rendición de cuentas sería un costosísimo sistema de fiscalización, de transparencia y de rendición de cuentas”, exteriorizó.
El diputado Luis Mario Rivera Aguilar presentó el posicionamiento de la representación parlamentaria del Partido Verde, en el que destacó que la realidad, de acuerdo con el informe de la cuenta pública, es otra, ya que al analizarlo año con año se dan cuenta de que las erogaciones del Poder Ejecutivo tienen variaciones enormes con lo aprobado por esta Soberanía.
“Por lo tanto dichos balances y contrapesos son inexistentes cuando el Ejecutivo decide, discrecionalmente, cómo y cuándo utilizar los recursos que como Congreso aprobamos. Aquí vemos que nuestra visión como Congreso y como representantes populares no está siendo respetada”, agregó.
El presidente de la mesa directiva, Carlos Navarrete Aguirre, informó enseguida que la diputada María Dolores Del Río Sánchez presentó por escrito el posicionamiento a nombre de la representación parlamentaria de Movimiento Ciudadano.
Aprueban 63 ayuntamientos, reprueban nueve
En el desarrollo de la sesión siguió la presentación del dictamen que rinde la Comisión de Fiscalización, en relación a la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los municipios de la entidad, relativas al ejercicio fiscal 2019.
A nombre de los integrantes de esta dictaminadora, el diputado Fermín Trujillo Fuentes informó que les fueron turnados para estudio y dictamen, oficios y anexos presentados por los 72 ayuntamientos, a efecto de que este Poder Legislativo se encuentre en aptitud de revisar y fiscalizar los resultados de la gestión financiera, comprobar si ésta se ajusta a los criterios señalados en los presupuestos aprobados, y analizar el cumplimiento de los objetivos y metas.
El Acuerdo contiene tres puntos: el primero aprueba las cuentas públicas de 63 ayuntamientos; el segundo establece que no se aprueban las cuentas de los municipios de Sáric, Bácum, Navojoa, Bacadéhuachi, Empalme, San Ignacio Río Muerto, Átil, Mazatán y Tubutama; y en un tercer punto señala que el ISAF deberá dar seguimiento a cada una de las observaciones y salvedades.
En caso de no solventarlas en los términos que marca la Ley en la materia, el órgano fiscalizador promoverá ante las autoridades competentes los procedimientos de responsabilidad que resulten procedentes, dice el Acuerdo.
El dictamen se aprobó por mayoría y en la discusión en lo general participaron los diputados María Magdalena Uribe Peña, Carlos Navarrete Aguirre, quien solicitó que el ISAF practique una auditoría minuciosa al Ayuntamiento de Cananea, y castigue a quienes resulten responsables; también hablaron los diputados Filemón Ortega Quintos, Nitzia Corina Gradías Ahumada y Rodolfo Lizárraga Arellano, quien propuso modificar el Acuerdo para no aprobar la cuenta pública del municipio de Guaymas, Sonora.
Antes de clausurar la sesión y citar para la próxima el martes 20 de octubre, a las 11:00 horas, el diputado Héctor Raúl Castelo Montaño solicitó que la Fiscal General de Justicia del Estado acuda al municipio de Cajeme ante la situación generalizada de pánico y psicosis de sus habitantes por la desaparición de mujeres jóvenes, los llamados levantones y la inseguridad que prevalece desde hace tiempo.
La propuesta fue apoyada por los diputados Gildardo Real Ramírez y Luis Armando Alcalá Alcaraz, para que también se le haga la misma solicitud al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Finalmente, tras las intervenciones de diversos legisladores, se acordó hacer el llamado a los tres niveles de gobierno, a fin de que atiendan la situación en el municipio de Cajeme, Sonora.
Fuente: Congreso
