En el campo del pragmatismo político, ocurre lo que aparece imposible en la física, que polos opuestos se junten. Y eso es lo que pasa cuando la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de la presente administración federal, se empata con los procedimientos racistas del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, al alegar ante un juez de distrito, la improcedencia de una acción suspensiva en favor de la tribu yaqui.
La dependencia está acusando de falta de legitimidad jurídica a los integrantes de la etnia y a representantes de la Iglesia Tradicional, quienes ejercen sus derechos de defensa del agua, frente al decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que consiente la operación ilegal del Acueducto Independencia, con el que se le sustraen importantes volúmenes de agua a la cuenca del Río Yaqui, desviándolos para otro uso y destino, afectando así la existencia del pueblo yoreme y las actividades productivas de todo el sur de Sonora.
Se reconoce en testimonios que prevalecen por tradición oral y en documentos históricos, que el largo período del gobierno porfirista fue uno de los episodios más intensos en la resistencia de los yaquis por mantener su cohesión comunitaria y hacer valer su derecho a la territorialidad y al manejo de sus recursos naturales. Con el decreto del presidente Lázaro Cárdenas (1939), que les restituye territorialidad y agua, la tribu amplió las posibilidades de mejorar sus condiciones de vida.
Pero el también largo período neoliberal, ha profundizado el abandono sobre la etnia y revivido la codicia histórica para despojarla de sus recursos naturales, especialmente el agua. En la última década, desde que el gobierno de Guillermo Padrés y Felipe Calderón, en atención a intereses privados, se propusieron imponer el acueducto para desviar las aguas del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo -donde se proyecta una exuberante especulación financiera, apalancada en una robusta expansión inmobiliaria- la agresión y los abusos contra la tribu han cobrado una intensidad que compite con el oscuro período porfirista. Ninguno de los atropellos registrados durante el porfiriato han faltado en estos años de la lucha de la tribu en contra del acueducto que los despoja del agua: exilio de sus voceros, persecución, amenazas, encarcelamiento, desapariciones y asesinatos.
El gobierno de Calderón aprobó todos estos abusos contra la tribu, e incurrió en un atropello inaudito buscando impedir que la etnia se defendiera legalmente en contra del despojo del agua. En el 2011, ante las primeras acciones legales de los yaquis contra el acueducto, la entonces Procuraduría General de la República, declaró la inexistencia de la etniapara tratar de inhabilitarlos jurídicamente ante cualquier acción legal. El escándalo fue mayúsculo por su desproporcionalidad y desatino. Propició que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), interviniera y le recordara al gobierno que el principal criterio para definir una identidad étnica es la autoadscripción del grupo indígena, con sus rasgos distintivos como religión, lengua, indumentaria, modo de vida, entre otros usos y costumbres.
No menos insólito resulta ser que la SEMARNAT del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, repita los procedimientos jurídicos maliciosos utilizados por el gobierno de Calderón, al querer negarles personalidad jurídica a los yaquis y su iglesia para que queden en la indefensión frente a los actos de fuerza con los que se quiere terminar de instrumentar la imposición del acueducto. No hay diferencia en los alegatos de este gobierno en contra de los yaquis con los realizados por el gobierno de Calderón. Ahora la SEMARNAT, que actúa con la representación del presidente en los juicios de amparo interpuestos por la tribu, señala la improcedencia de las medidas cautelares que protegen a los yaquis en contra de un decreto presidencial que encubre el despojo de las aguas del Río Yaqui al consentir la operación ilegal del Acueducto Independencia.
Su alegato es el mismo que se usó en la época calderonista; las autoridades de SEMARNAT, procuran que se le niegue personalidad jurídica a los quejosos para anular sus derechos a la defensa. En documento presentado al juez, el Jefe de la Unidad Jurídica de SEMARNAT dice que “resulta improcedente el otorgamiento de la suspensión solicitada por la parte quejosa ya que ésta carece de legitimación para actuar en representación de la tribu yaqui y por lo consiguiente de un interés suspensional”, y luego deslegitiman a la Iglesia Tradicional de la etnia con una formalidad inquisitorial, diciendo que los promoventes no acreditan el registro como entidad religiosa ante la Secretaría de Gobernación.
La arrogancia desmesurada de SEMARNAT, se registra a unos días de que el presidente López Obrador visite el territorio yaqui para supervisar el Plan de Justicia. El presidente con sus discursos frente a la tribu se pone en el lado opuesto de Porfirio Díaz y de Felipe Calderón, pero en la práctica –en este caso- se parece cada vez más a sus opuestos.
