Jacqueline Peschard
Todos, desde el candidato impugnador de Morena, Miguel Barbosa, hasta la ganadora por la coalición Por México al Frente, Martha Érika Alonso, aplaudieron la sentencia del Tribunal Electoral (TEPJF) para que se vuelvan a contar los votos de la elección de gobernador de Puebla, porque hay una constante: la desconfianza en las autoridades electorales locales de aquel estado.
Hay varios aspectos inéditos en esta resolución, es la primera vez que se instruye el recuento de voto por voto en una elección de gobernador, además de que la revisión de las siete mil 174 casillas de los 26 distritos electorales poblanos se llevará a cabo en las instalaciones del Tribunal en la Ciudad de México y estará a cargo directamente de los magistrados electorales de las salas regionales de la CDMX y Toluca, claro con la presencia de representantes de las coaliciones y partidos involucrados. Para atajar la desconfianza, el TEPJF fijó reglas de operación para el recuento, a fin de evitar riesgos en el traslado y la conservación de los paquetes electorales que contienen las boletas.
En el contexto de una elección como la del 1 de julio, que se caracterizó por el reconocimiento generalizado de los resultados por parte de los perdedores, salta a la vista lo controvertida que ha sido la contienda para gobernador de Puebla que, desde el inicio, estuvo marcada por quejas constantes por la intervención indebida del exgobernador Moreno Valle, que sigue controlando el aparato gubernamental del estado. Se criticó que colocara a su esposa como candidata, lo que si bien no es ilegal, sí es moralmente cuestionable, pero sobre todo que tuviera injerencia en la organización electoral.
De hecho, la cantidad de quejas que Morena presentó durante el cómputo de la contienda de gobernador obligaron al Instituto Electoral local a recontar parte de las casillas, y fue en ese ejercicio en donde el Tribunal encontró indicios de al menos tres tipos de inconsistencias: 1) en 13 de los distritos electorales el recuento no coincide con los resultados asentados en las actas; 2) en nueve distritos no se especifican cuáles fueron las casillas que se recontaron y tampoco los resultados de dicho ejercicio, y 3) en seis distritos no se asentaron los resultados objeto del recuento. En conclusión, la deficiente actuación de la autoridad estatal empañó la certeza sobre los resultados.
La sentencia del TEPJF coincide con una investigación del Dr. Miguel Reyes, profesor de la Universidad Iberoamericana, quien hizo una comparación detallada entre la elección presidencial y la de gobernador en Puebla que, como sabemos utilizaron casillas únicas y una sola lista nominal. Reyes encontró que los listados tenían una diferencia de 10 mil 808 electores y que el resultado del cómputo total mostraba una diferencia de 64 mil 118 votos entre ambas elecciones, lo que hace suponer que no fue un error, sino una acción orquestada. A partir de una muestra de 12.1 por ciento del total de las casillas, Reyes descubrió que algunas registraban sistemáticamente 20 votos de diferencia entre las dos elecciones; que en el 20 por ciento de las actas revisadas había irregularidades, ya que unas no se habían publicado, otras tenían datos ilegibles o campos vacíos y en otras el total de votos excedía el número máximo de boletas permitidas (750 por casilla).
Es posible que el recuento total de la elección de gobernador en Puebla no modifique el triunfo de Martha Érika Alonso porque tiene una ventaja de más de 122 mil votos (4.0 por ciento) sobre Barbosa, pero sí se limpiará el cómputo para tener claridad sobre la decisión de los votantes. Empero la controversia no termina ahí, porque todavía hay recursos de inconformidad que está desahogando el Tribunal Electoral del estado y estos todavía podrán ser revisados por la Sala Superior.
La gran lección de esta sentencia es que aunque uno de los objetivos de la reforma electoral de 2014 fue que los consejeros electorales en los estados fueran nombrados por el INE para alejarlos del control de sus respectivos gobernadores, mientras sigan dependiendo para su operación del presupuesto del gobierno estatal, se mantendrá viva la tentación del poder local de tener injerencia en la organización electoral.
