Hermosillo, Son., marzo 15 de 2022.- El Pleno de la LXIII Legislatura aprobó tres nuevas leyes: para la prevención social de la violencia y la delincuencia, con participación ciudadana; que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora; y de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora.
En esta sesión ordinaria se dio pase de lista de los diputados integrantes del Congreso Constituyente de 1831, en conmemoración del 191 aniversario del Congreso del Estado de Sonora, por parte de la Presidenta de la mesa directiva. Ellos fueron: Francisco Escoboza, José Velasco, José Tomás Escalante, José María Ojeda, Salvador Julián Moreno, Manuel Escalante y Mazón, Ignacio Loaiza, Jesús María Morales, Manuel María Encinas, José Lucas Picó y Fernando Grande. Acto seguido se les otorgó un minuto de aplausos en su memoria.
Como se aprobó en la pasada sesión ordinaria, este día rindió protesta al cargo de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el ciudadano Luis Fernando Rentería Barragán, así como los comisionados propietarios del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ISTAI, ciudadanos Guadalupe Taddei Zavala, Ana Patricia Briseño Torres y Wilfredo Román Morales Silva, para los periodos de siete, cinco y tres años, respectivamente.
La Ley para la prevención social de la violencia y la delincuencia, con participación ciudadana para el Estado de Sonora, tiene por objeto establecer las bases para el diseño, planeación, organización, dirección, ejecución y evaluación de políticas públicas entre el Estado y sus municipios.
Se sustenta en los sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública, previstos en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, respectivamente, establece el dictamen elaborado por la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Dicha dictaminadora concluyó que este proyecto es de impacto positivo debido a que genera un marco legal que busca promover la prevención social de la violencia, además de que describe las estrategias en la materia y considera los ámbitos social, comunitario y psicosocial, sin dejar de lado la participación de la ciudadanía, en un esfuerzo coordinado y permanente en los ámbitos estatal y municipal.
“En efecto, es necesario incidir en las causas y factores de riesgo que se encuentran presentes en la configuración de la violencia, la delincuencia y, por tanto, la inseguridad, desde aspectos individuales, familiares, escolares, sociales y del entorno físico, es entonces que la prevención social implica promover cambios socioculturales para generar entornos más seguros y propicios para vivir libre de violencia”, establece uno de los considerandos.
Agrega que es primordial incorporar un enfoque preventivo a las políticas de seguridad pública, sobre todo en un país como México, en el que la atención se ha centrado en el combate frontal de la delincuencia, lo que ha generado elevados costos sociales, como son el incremento del miedo y la percepción de inseguridad de la ciudadanía.
Esta nueva Ley consta de 65 artículos y los capítulos: Disposiciones generales; De la prevención social de la violencia y la delincuencia; De las instancias de coordinación; De la planeación, programación, definición e implementación de políticas públicas; De la coordinación de programas; Del programa estatal de prevención social de la violencia y la delincuencia.
Del programa municipal de prevención social de la violencia y la delincuencia; De la evaluación; De la participación ciudadana y comunitaria; De los comités de prevención del delito y de la violencia; De los observatorios ciudadanos; De la creación, conservación y mejoramiento de espacios púbicos; Del financiamiento; y De las sanciones.
Reforman la Constitución local y hay nueva Ley de Responsabilidades
La siguiente Ley aprobada es la que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, con el objeto de subsanar errores técnicos y políticos que vulneren el derecho de la buena administración pública en el texto constitucional local, el cual debe adaptarse a los cambios pero sin perder el enfoque garantista de un estado de Derecho, establece en los considerandos el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Los cambios son: los organismos constitucionalmente autónomos contarán con órganos internos de control designados por el Congreso del Estado, esto con el propósito de garantizar plena autonomía en el control interno en cuanto al desarrollo administrativo, control gubernamental, participación social, vinculación, transparencia y combate a la corrupción.
Dichos órganos, que son el ISTAI, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Tribunal de Justicia Administrativa, y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, además de regirse por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad, contarán con un órgano que se integrará por áreas de auditoría interna, investigación y substanciación, y será dirigido por un titular que durará cuatro años en el cargo y se sujetará al procedimiento establecido en la Constitución local.
Se suprime el Consejo de Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, por considerar que la carencia de una adecuada estructura orgánica y técnica se reflejó en la duplicidad de funciones con la autoridad estatal en la materia, que recae en la Secretaría de Desarrollo Urbano, y se restituyen las atribuciones al Poder Ejecutivo estatal para promover, en todo momento, políticas públicas y/o estrategias que se enfoquen en garantizar el derecho a la movilidad de los sonorenses.
Se regula la remuneración de los servidores públicos, al homologar con los principios que establece el Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a que nadie podrá tener una remuneración mayor a la del Presidente de la República, por lo que en el plano local se adecúa para que todo servidor público reciba una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.
Se modifican los plazos del ejercicio de distintos cargos de la administración pública, con el propósito de agilizar la investigación criminal, la impartición de justicia y la supervisión del recurso público, con lo cual se eliminan las acciones de protección entre el cambio de cada sexenio, de manera que el periodo de encargo de Fiscal General de Justicia del Estado pasará de nueve a seis años.
Para el caso de los fiscales especializados, la temporalidad del encargo será de cuatro años; los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia durarán seis años, con probabilidad de ser ratificados, sin exceder un periodo máximo de doce años.
En uno de los considerandos del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se asienta que, a pesar de que sus integrantes coinciden en la propuesta del titular del Ejecutivo estatal, de disminuir a seis años el plazo del nombramiento del titular del ISAF, se remiten al Artículo 116, fracción II, párrafo séptimo de la Constitución Federal, que no les permite hacer esta modificación.
Dicho precepto constitucional dispone expresamente que “el titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores a siete años, y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades”.
El tercer proyecto aprobado por la asamblea, denominado Ley de responsabilidades y sanciones para el Estado de Sonora, viene a subsanar las lagunas legales de la Ley Estatal de Responsabilidades, por lo que la Comisión Anticorrupción recomendó fuera aprobado para contar con un marco normativo de avanzada que permita combatir los nocivos efectos de la corrupción que se presentan en la administración pública estatal y sus municipios.
Con su entrada en vigor será abrogada la Ley Estatal de Responsabilidades, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 5, Sección III, de fecha 18 de julio de 2017, sin embargo, todos los procedimientos iniciados por las autoridades con anterioridad a dicha entrada en vigor, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables a su inicio, establece el Artículo Cuarto Transitorio.
Uno de los considerandos del dictamen se refiere a la necesidad de contar con un nuevo marco normativo, en razón de que el actual ha demostrado tener deficiencias y dificultades operativas-procesales que disminuyen su fortaleza, por lo que al contar con esta nueva legislación se establecen no solo las responsabilidades de los servidores públicos sino sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.
Se compone de 273 artículos, subdivididos a su vez en nueve títulos, los cuales son: Disposiciones sustantivas; Mecanismos de prevención e instrumentos de rendición de cuentas; De las faltas administrativas de los servidores públicos y actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves; Sanciones; De la investigación, calificación y la impugnación de la calificación de faltas no graves; Del procedimiento de responsabilidad administrativa.
Además de los títulos Responsabilidad política; Responsabilidad penal; y Disposiciones comunes a los títulos séptimo y octavo. En este último apartado se detallan las reglas comunes para las responsabilidades políticas y penales de los servidores públicos.
Aprueban Decreto y turnan iniciativas a comisiones
En esta sesión ordinaria, el Pleno aprobó el proyecto de Decreto que declara a las cabalgatas como patrimonio cultural e inmaterial de Sonora, por considerar que su objeto es preservar dicha actividad como una tradición que no solo represente sana convivencia familiar, sino que permite conservar los orígenes y costumbres en la entidad.
“Las cabalgatas representan una tradición cultural de gran arraigo que forma parte de las costumbres de nuestros pueblos a lo largo y ancho del Estado, por lo que no se puede entender la existencia de nuestra entidad federativa sin la presencia y realización de estas”, destaca.
En el siguiente punto del orden del día se presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, con el objeto de garantizar el acceso a cargos de elección popular a personas que representan a grupos vulnerables de la sociedad.
Se propone que los partidos políticos, en su calidad de entes de interés público y cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de los órganos de representación política y hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, ya que tienen la obligación de implementar las medidas necesarias que permitan que todas las personas puedan ejercer efectivamente sus derechos político-electorales.
Esta iniciativa se turnó para estudio a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad, en forma unida.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales también estudiará una iniciativa con proyecto de ley que adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Sonora, con el objeto de que miles de sonorenses que viven en otras partes del mundo puedan ser parte de las decisiones democráticas que se realicen en la entidad.
“No son pocos los retos que involucran el voto de ciudadanos en el extranjero en nuestros procesos electorales, pero sin lugar a duda sería un error no avanzar en la progresividad de estos derechos”, destaca la parte expositiva de la iniciativa.
En el penúltimo punto del orden del día se presentó un posicionamiento con motivo del 191 aniversario del Congreso del Estado de Sonora, en el cual se destacó que los integrantes de la LXIII Legislatura son herederos de los acuerdos del pasado y por eso tienen la obligación de honrar el legado de los Constituyentes de 1831, “forjando un mejor Estado para las futuras generaciones”.
La Presidencia citó a la próxima sesión del Pleno este jueves 17 de marzo, a las 10:00 horas.
