El Estado de Sonora se convirtió en la octava entidad en tipificar el delito de pederastia, nuevo tipo penal que vendrá a reforzar el sistema de justicia en materia de protección de los derechos de las niñas y los niños, para resolver en gran medida una problemática social que afecta la salud, la integridad física y el buen desarrollo de los menores, aprobó la LXII Legislatura.
Mediante la adición de los artículos 169-B y 169-C al Código Penal para el Estado de Sonora, se configura la pederastia como un tipo de maltrato infantil que ocurre cuando alguna persona se aprovecha de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 18 años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole.
El dictamen presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y al que dio lectura el diputado Gildardo Real Ramírez, establece que también se tipifica cuando la persona ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento, o contra cualquier persona que cometa dichos actos en contra de quien no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo.
Esta dictaminadora dio a conocer que el Decreto que adiciona los artículos 169-B y 169-C al Código Penal para el Estado de Sonora es en cumplimiento al exhorto emitido por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, recibido en esta Soberanía el 6 de junio del presente, así como de la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PAN el 23 de octubre de 2018.
Sonora es uno de los 25 estados de la República Mexicana que no contempla el delito de pederastia, motivo por el cual, bajo el argumento de que México ocupa el primer lugar mundial en materia de abuso sexual a menores de catorce años, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fecha 6 de junio del presente, realizó un exhorto a este Poder Legislativo con el objeto de que se llevaran a cabo las acciones legislativas a la norma local correspondiente, a efecto de homologar la tipificación del delito de Pederastía, contemplado en la norma federal, establece uno de los considerandos.
Para este delito se establecen una variedad de sanciones que debe cumplir la persona que cometa los actos que encuadren en el tipo penal propuesto, como lo es una pena de prisión de nueve a 18 años y el pago de 750 a 2 mil 250 días multa, mismas penas que se aumentan en una mitad más cuando exista violencia física, pérdida de la patria potestad, tutela, curatela, adopción, derecho de alimentos y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de la víctima.
Asimismo, la inhabilitación, destitución o suspensión de su empleo público o profesión por un término igual a la pena impuesta, cuando quien cometa dichos actos sea un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
Adicionalmente la iniciativa propone que quien cometa el delito pueda ser sujeto a tratamiento médico integral el tiempo que se requiera, mismo que no podrá exceder el tiempo que dure la pena de prisión impuesta, dándole la opción al sentenciado de que, de acuerdo a su voluntad, pueda cumplir o no dicho tratamiento.
En esta sesión ordinaria, la asamblea aprobó la Ley que declara el 19 de octubrecomo Día Estatal contra la Discriminación, con base a iniciativa presentada por el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano, quien argumentó que la discriminación por ningún motivo debe ser tomada a la ligera y no pueden ni deben permitir que sea visto como algo normal, por los graves efectos que produce en las personas que la sufren, pero también en aquellas que la cometen.
“Es importante que realicemos todas las acciones que sean necesarias para disminuir la discriminación en la medida de lo posible y evitar que se normalicen las conductas de este tipo, pues no debemos perder de vista que la discriminación constituye un fenómeno que se nos presenta de manera cotidiana, ya que todos nosotros, en algún momento, la hemos causado o recibido”, aseveró.
El dictamen elaborado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales destaca que a nivel estatal se cuenta con la Ley para prevenir y eliminar la discriminación en el Estado de Sonora, la cual entró en vigor el 24 de noviembre de 2014 y que dota de atribuciones a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en materia de prevención y eliminación de todas las formas de discriminación, además de contar con un Consejo Ciudadano para Prevenir la Discriminación.
En esta sesión ordinaria se aprobaron cuatro acuerdos con exhortos dirigidos a autoridades federales y estatales. El primero para que se elabore un programa denominado: ruta gastronómica de Sonora, presentado por la diputada María Magdalena Uribe Peña y dirigido al Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo.
El segundo exhorto es para el Presidente de la República, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, la Gobernadora del Estado y el Ayuntamiento de Hermosillo, continúen la construcción de la carretera de cuatro carriles sobre la carretera federal número 14, en el tramo Hermosillo-Ures, que comprende desde el kilómetro 4 hasta el 62. Fue presentado por el grupo parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Gricelda Lorena Soto Almada propuso exhortar a la titular del Poder Ejecutivo estatal, con el objeto de que informe a esta Soberanía sobre los recursos económicos o en especie recibidos del programa del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, derivados de la declaratoria de emergencia que decretó la Coordinación Nacional de Protección Civil para diversos municipios del Sur de Sonora.
El cuarto exhorto fue presentado por la diputada Diana Platt Salazar, a efecto de que la Gobernadora del Estado dé cumplimiento, en términos del Artículo Quinto del Decreto número 7, que aprueba la afectación presupuestal multianual para el Gobierno del Estado de Sonora, de la cantidad 34 millones 320 mil pesos durante los ejercicios fiscales 2010 y subsecuentes hasta 2020 inclusive.
Turnan iniciativas a comisiones dictaminadoras
La Presidencia turnó a comisiones dictaminadoras iniciativas presentadas por los diputados Rosa María Mancha Ornelas, Jesús Alonso Montes Piña y Luis Armando Alcalá Alcaraz, quienes propusieron modificar el Código Penal, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles de la administración pública estatal, respectivamente.
La diputada Mancha Ornelas planteó integrar en el catálogo de delitos del Código Penal para el Estado de Sonora la figura denominada desplazamiento forzado, con la finalidad de que los ciudadanos sonorenses que viven en alguna situación propia o ajena de violencia en cualquiera de sus denominaciones, tengan la tutela del Estado para su protección personal, la de sus familias y de sus propiedades, ante una situación de desplazamiento interno que sea con fines de abandonar su lugar de residencia. Se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales estudiará la iniciativa presentada por el diputado Montes Piña, con el objeto de que una vez recibidas por esta Soberanía las minutas del Congreso de la Unión, ya sea de la Cámara de Diputados o del Senado, respecto a proyectos de decreto que reforman la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente del Congreso o la Diputación Permanente, las turne de manera inmediata a la Comisión de Gobernación para que ésta presente la minuta para su publicación en la gaceta parlamentaria y pase directamente al Pleno para su discusión y aprobación, en su caso, en la siguiente sesión.
El diputado Alcalá Alcaraz presentó por su parte una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de adquisiciones, con el fin de priorizar la contratación de empresas locales sobre nacionales o extranjeras, ya que esto representa beneficios económicos para el Estado al evitar la fuga de capitales que impactan de manera negativa en la economía local, dentro del contexto socioeconómico que hoy se vive, de manera que debe observarse en la inversión pública un motor de desarrollo y de certidumbre económica. Se turnó a la Comisión de Fomento Económico y Turismo.
En representación de la diputada Alicia Gaytán Sánchez, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, la diputada Ernestina Castro Valenzuela dio lectura a un posicionamiento con relación al 66 aniversario del voto femenino en México, en el que reconoció el aporte de todas aquellas mujeres que hicieron posible este derecho ganado a pulso.
“Seamos dignas de su triunfo y hagamos de nuestra vocación democrática la escuela de una mejor sociedad y de un mejor país para todos”, puntualizó la legisladora.
Fuente: Congreso
