Demian Duarte, corresponsal
CIUDAD DE MÉXICO.- La controversia sobre el destino de los recursos del Fideicomiso denominado “Fondo Minero” y la que van a dar ingresos fiscales de un impuesto especial a la extracción minera, creado ex profeso para llevar beneficios de esa actividad a los municipios y comunidades mineras, llegó a su fin.
De acuerdo con Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió de fondo una serie de controversias interpuestas por el gobierno de Chihuahua y algunos municipios mineros, entre ellos el de Álamos en Sonora, que reclamaban la entrega de los recursos de manera directa para realizar obras, luego de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador determinó que esos recursos (que ascienden a poco más de 5 mil millones de pesos cada año) sean administrados de manera directa por la federación, al detectarse presuntos actos de corrupción, desvío de los recursos y en especial la no ejecución de obras y proyectos autorizados en su momento por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) que encabezaba Rosario Robles.
El Fondo Minero fue creado de hecho en 2015 a partir de una incorporación del impuesto especial a la extracción minera y operaba en base a un comité que encabezaba la entonces titular de la Sedatu, distribuyendo los recursos en un 70 por ciento para los municipios mineros y en un 25 por ciento para las entidades mineras, quedando un remanente del 5% para la operación del Fideicomiso.
Dichos recursos que alcanzaban los 5 mil millones de pesos cada año, fueron ejecutados en ese esquema en 2015, 2016, 2017 y 2018, sin embargo fue para la distribución en el año 2019 que el gobierno de López Obrador buscó que fuera la Secretaría de Economía (que encabeza Márquez Colín) y no la Sedatu, la que analizará los proyectos de obra y decidiera como se ejercerían esos recursos, pues el objetivo era canalizar el dinero de manera directa a las comunidades, para que fueran los pobladores y nos los gobiernos municipales quienes decidieran que obras se harían.
Esta determinación del gobierno de López Obrador motivó la inconformidad y controversias, lo que paralizó la operación de las obras y la diseminación de los recursos hasta ahora.
“No pudimos ejercer los recursos del 2019 en espera de la resolución de la corte, porque había una controversia sobre la Ley de Ingresos de la Federación respecto a la manera en que se entregarían los recursos”, dijo.
La corte desechó los recursos en mayo de este año, y es a partir que comenzamos a repartir los recursos de acuerdo con lo previsto en la Ley de Ingresos, por eso a partir de julio de este año, y cada 15 días se reúne el comité técnico para acordar y dispersar esos recursos, agregó.
Lo previo, es decir de 2018 para atrás, dejó proyectos en marcha, y hemos ministrado esos recursos conforme se han estado desarrollando, les hemos entregado recursos de acuerdo a los reportes de avances, dijo.
En el caso de Sonora, que es el mayor estado minero en el país, la entidad recibió en promedio 1 mil millones de pesos cada año, mismos que fueron distribuidos a los municipios, sin embargo el gobierno del estado ejecutó distintas obras con la parte que le correspondió, asciendo dichos recursos a 1 mil millones de pesos en total.
El resto del dinero (equivalente a 3 mil millones de pesos) fueron distribuidos a municipios como Cananea, Caborca, Nacozari, El Real de Minas de San Felipe de Jesús, Álamos, Sahuaripa y otros en los que se concentra la actividad minera, sin que realmente se tenga constancia de que se hayan ejecutado las obras que fueron autorizadas en su momento por la Sedatu.
En ese sentido la secretaria Márquez Colín explicó que a partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la fecha hay en ejecución 3 formatos del Fondo Minero, uno que busca completar las obras y entrega las ministraciones previstas entre el 2015 y el 2018, esto se hace a través de Sedatu.
El segundo esquema es el previsto para administrar los recursos del año 2019, de modo que es la propia Secretaría de Economía del Gobierno Federal la que administra y opera los recursos.
Y por último a partir de los recursos que se obtengan este año, ya se determinó integrar un fondo especial para mejora de la infraestructura educativa en todo el país, que operará con los recursos y los entregará de manera directa a los comités de familiares que se han conformado en las escuelas públicas para que ellos mismos decidan que obras se realizan en los planteles.
“La Ley prevé que a partir del 2020 esos recursos pasen a la Secretaría de Educación Pública o para apoyar el programa “La Escuela es Nuestra” y no solo en municipios mineros, sino en escuelas de todo el país”, anotó.
Esto nos ha llevado a establecer nuevas estrategias, que nos permita hacer un uso integral de estos recursos, y en el caso en el que no nos justifican los avances, simplemente no entregamos los recursos, señaló Márquez Colín.
