El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Sonora, Jacobo Mendoza Ruíz, rechaza la iniciativa presentada por la titular del Ejecutivo Estatal, que pretende perpetuar en sus cargos a Jueces y Magistrados del Poder Judicial de Sonora.

Con fecha 3 de octubre de 2019, la Gobernadora del Estado presentó iniciativa de reforma a la Constitución del Estado referente a los requisitos para el nombramiento de Magistrados del Poder Judicial del Estado.

En tal virtud, el Presidente de la Comisión de Gobernación con fecha 25 de noviembre, presentó a los miembros de dicha Comisión la Iniciativa, para que en el término de 10 días naturales presenten cualquier observación, revisión o análisis, los cuales vencen el 5 de diciembre.

La propuesta de reforma es sobre lo siguiente: Se pretenden reformar los artículos 113, 114 y 121 de la Constitución Política del Estado:

El artículo 113 se pretende reformar para que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia le diga al Gobernador a quién puede proponer al Congreso para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y que sólo se puede llegar al Supremo Tribunal de Justicia si se tiene nombramiento definitivo de Magistrado Regional de Circuito.

El Congreso tendrá tres días para analizar la propuesta y si no resuelve se tendrá por aprobada.

ANALISIS CONSTITUCIONAL

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los requisitos que deben reunir los magistrados del poder judicial de los Estados, por lo que esa materia es propia de la Carta Magna y si acaso, la Constitución del Estado puede reproducir textualmente, cualquier cambio, por más mínimo es inconstitucional y puede ser combatido vía acción de inconstitucionalidad.

Los requisitos para ser magistrado del Poder Judicial de los Estados son los establecidos en el artículo 95, de la Constitución, en las fracciones I a V. Se ha considerado sano y correcto que puedan formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Supremos Tribunales de Justicia, personas de prestigio que no sean del poder judicial: académicos, litigantes, etc.

REFORMA AL ARTICULO 113: Esta reforma en los hechos pretende que sea el Supremo Tribunal de Justicia quién decida quienes formen parte del propio Supremo Tribunal de Justicia, lo cual no es propio de un sistema democrático, en los otros poderes no ocurre, ni los diputados salientes deciden quién ocupará su curul ni los gobernadores salientes deciden quién los sucederá en el cargo.

Esta reforma haría del poder judicial una mafia “legal” con el monopolio de la administración de la justicia en todas las ramas civil, mercantil, penal, familiar y próximamente del laboral.

Hasta la libertad de cualquier persona o servidor público estará a merced de ese órgano que sus vacantes cubrirá por elección de ellos mismos, un Leviatán que se autoregenera hasta el infinito.

REFORMA AL ARTICULO 114. La Reforma a este artículo pretende que solo lleguen a Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia los Magistrados Regionales, lo cual viola los artículos 95 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sólo establecen el requisito de antiguedad de 10 años del título, 35 años de edad, buena conducta, honorabilidad.

REFORMA AL ARTICULO 121. Esta reforma pretende que los Magistrados y Jueces sean vitalicios, mientras no se les compruebe delito. Actualmente duran en su cargo cinco años y si son ratificados duran 10 años más. Es decir, 15 años de carrera judicial son bastantes, pero a la propuesta le parece que son pocos y que sean vitalicios, solo que pidan su pensión, mueran o se les compruebe delito.

CONCLUSION: Los Ministros y Magistrados, que es el cargo más alto de los Miembros de la Suprema Corte y de los Supremos Tribunales de Justicia Locales, siempre han sido nombrados por el Presidente y el Gobernador, con la ratificación del Senado y del Congreso Local, respectivamente.

Esta reforma pretende que sea el propio poder el que decida quién cubre sus vacantes, que los elija de entre ellos mismos, excluyendo a otras personas que pueden integrar dichos órganos como académicos y litigantes.

El Congreso se le dan tres días para que no tenga tiempo de analizar ni de sesionar al respecto, y se establece la afirmativa ficta, que consiste en que si el Congreso no hace nada se tiene por aprobado, esto es una clara burla al poder legislativo que no puede aprobar el propio poder legislativo.

Fuente: CEE Morena Sonora

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