Los puntos 9 y 10 del orden del día correspondieron a la presentación de las minutas con proyectos de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, y que reforma los artículos 2º, 4º, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Carta Magna, en materia de paridad de género.

El primer Decreto establece entre los considerandos de las comisiones de Gobernación y de Educación, que las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión son coincidentes en el sentido de la necesidad de modificar diversas disposiciones  de la Constitución Federal en materia educativa, para atender añejas demandas sociales con la finalidad de que el Estado asuma su responsabilidad educativa en beneficio de todos los mexicanos.

El diputado Jesús Alonso Montes Piña dio a conocer a la asamblea que, entre los cambios de fondo en el Sistema Educativo Nacional, se encuentran: que el Estado garantice el derecho a la educación de todos los mexicanos, desde la educación inicial hasta el nivel superior; reconoce la educación inicial y la superior como un derecho de los mexicanos y una obligación para el Estado.

Reconoce a maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, eliminando las evaluaciones punitivas y creando un sistema de carrera de las maestras y los maestros, bajo la rectoría del Estado; amplía el concepto de calidad educativa para dar paso al de excelencia educativa; garantiza los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones idóneas para la educación, como obligación del Estado.

A nombre del grupo parlamentario del PAN, la diputada Alejandra López Noriega presentó un posicionamiento por lo que consideran una regresión constitucional que en materia educativa el Gobierno Federal y algunos partidos políticos gestaron en detrimento de la niñez y la juventud mexicana, dijo.

“Con este tipo de acciones estamos negando la grandeza de nuestro querido México. Esta reforma es un retroceso que quedará instituida en el máximo ordenamiento legal de nuestro país, aunque sí, también reconocemos algunas bondades que fueron introducidas en la minuta que hoy se nos presenta”, expresó.

El diputado Francisco Javier Duarte Flores afirmó que hoy queda claro que el principal objetivo de la reforma educativa es proponer una educación integral que mejore y sirva para que los educandos de este país alcancen un mejor desarrollo y que las lógicas pragmáticas de un neoliberalismo rampante queden desechadas; una educación que posibilite un México con mayor justicia, equidad, participación y apertura.

El segundo Decreto, al que dio lectura la diputada Alejandra López Noriega, destaca la importancia de que se eleven a nivel constitucional los programas y acciones mínimas que deben realizar las autoridades del Estado, con el fin de garantizar el importante derecho de paridad de género, toda vez que, en muchos casos, los responsables de su cumplimiento han hecho interpretaciones muy limitadas de las obligaciones que les corresponden en materia de género.

Se deja claro, entonces, que la satisfacción de dicho derecho humano tiene prioridad sobre otros preceptos de menor importancia, en los que no se afecta la dignidad de las personas, ni se limita su libertad y desarrollo, por lo cual la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales concluyó que la minuta es positiva por coincidir con el sentir de esta Legislatura en esa materia.

Además de que su entrada en vigor sentará las bases constitucionales para que no sólo en el Estado, sino a nivel nacional, exista una verdadera igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito público, establece otro de los considerandos del dictamen.

En el punto relativo a la no aprobación de separación del cargo del ciudadano Rogelio Aboyte Limón al cargo de Presidente Municipal de Bácum, Sonora, y el inicio del procedimiento de revocación de mandato, éste será substanciado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en atención a lo que resulte aplicable de lo estipulado en los artículos 328, 329, 330, 331, 332 y 338 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

La diputada Ernestina Castro Valenzuela dio lectura al proyecto de Ley que regula el uso y control de vehículos oficiales al Servicio del Estado, con base a la iniciativa que presentó ante el Pleno el 27 de septiembre de 2018, para lo cual presentó una síntesis de la misma, en la que propone que dichas unidades se utilicen para los fines que legalmente le corresponde a los entes públicos a los que pertenezcan.

Deben ser conducidos únicamente por personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público; los servidores públicos no podrán utilizar vehículos oficiales en asuntos particulares o trasladarse en ellos fuera del Estado, salvo que sean comisionados para ello.

Establece la obligación del personal administrativo de cada ente público, de administrar el parque vehicular y mantener las unidades en buenas condiciones de uso, además de que las unidades oficiales deberán portar engomados en un lugar visible con el logotipo del ente público de que se trate, entre otras disposiciones.

La Ley consta de 40 artículos y los capítulos: Disposiciones generales; Del uso de unidades; Del buen funcionamiento de las unidades; Del control de las unidades; De los accidentes, robo o daño total o parcial de las unidades; De las responsabilidades y sanciones.

Posteriormente se aprobó el proyecto de Ley que adiciona un Artículo 25-G a la Constitución Política del Estado de Sonora, que plantea que, con base en el número de habitantes, se establezcan en la norma los conceptos de Municipio Rural y de Localidad Rural, a fin de que exista reconocimiento constitucional hacia estos entes poblacionales.

El diputado Francisco Javier Duarte Flores dio lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que estudió la iniciativa que de manera conjunta presentó con el diputado Fermín Trujillo Fuentes, con el objeto de que esta manera se establezcan políticas públicas que garanticen los derechos humanos y potencialicen el desarrollo en estos espacios del área rural, toda vez que se considera que no son tomados en cuenta en las mismas condiciones que los grandes centros urbanos del Estado. La Ley será enviada a los 72 ayuntamientos para su aprobación.

La asamblea también aprobó el Decreto que crea un fondo especial para atender un seguro de vida para pescadores del Estado de Sonora. Se le quita a la Secretaría de Hacienda la responsabilidad de administrar el Fondo, a efecto de que no tenga que hacer modificaciones en su estructura organizacional para esos efectos, y se pasa a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, que cuenta con los elementos para atender al sector.

El diputado Lázaro Espinoza Mendivil, impulsor del Decreto, dio a conocer que será aplicable únicamente para pescadores ribereños y se determinó disminuir la aportación inicial del Gobierno del Estado al Fondo, para disminuir el impacto presupuestario.

En el orden del día siguió la aprobación del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Sonora y de la Ley de Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y Control de Adicciones del Estado de Sonora, que de acuerdo a la exposición que presentó la diputada Diana Platt Salazar en el dictamen elaborado por la Comisión de Salud, se trata de homologar los criterios contenidos en el mismo con los contenidos en la normatividad federal.

Se refirió al ingreso involuntario a los centros de atención para la salud mental de las personas que así lo requieran y que cumplan con los requisitos establecidos en las normas referidas, por considerar, indicó, que el consumo de drogas en adolescentes es dos veces superior al de todo el resto de la población.

Y para que en la integración de las comisiones legislativas se tome en consideración el principio de equidad de género, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presentó el dictamen que reforma el Artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como un punto de Acuerdo, ambos para que, sin perjuicio del derecho establecido por los grupos parlamentarios, se haga directamente proporcional al número de sus integrantes, considerando la importancia de éstas.

La diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada, impulsora de la iniciativa, dio a conocer que para la integración de las comisiones se atenderá necesariamente a la pluralidad de diputados existente en el Congreso del Estado, así como a la equidad de género, debiendo asegurar que las comisiones se integren y sean presididas de manera paritaria entre las diputadas y diputados de cada Legislatura.

Enseguida aprobó el Pleno el Decreto que autoriza al Ayuntamiento del municipio de Cajeme, Sonora, para que gestione y contrate, en las mejores condiciones del mercado y en una o varias etapas, el otorgamiento de uno o varios financiamientos que incluyan hasta la suma de 33 millones de pesos para la realización de obras que constituyen inversiones públicas productivas, así como la contratación de un monto adicional hasta el 2.5 por ciento de la cantidad anterior para cubrir conceptos adicionales por gastos y accesorios derivados del o los empréstitos.

Al Ayuntamiento del municipio de H. Caborca, Sonora, se le aprobó la modificación a su Ley 21 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2019, con el objeto de contar con el sustento legal para la aplicación de diversas contribuciones en dicha municipalidad.

Fuente: Congreso

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