Se han alterado facturas y recibos, dice abogado 

Vortice/Brisa Retano

HERMOSILLO, Son.- A nueve años de la tragedia que enlutara a 49 familias en el estado de Sonora, tras el incendio de la Guardería ABC, el expediente de ese tenebroso siniestro abre un nuevo capitulo, pues hoy por hoy se habla de un acto de corrupción sin precedentes en la historia del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Miguel Nava Alvarado, abogado y representante legal de 32 núcleos familiares víctimas del incendio de la guardería ABC, dijo que se han dado cuenta de una contabilidad exagerada de millones de pesos en facturas, recibos y notas que corresponden a tratamientos e incentivos a los afectados en el siniestro.

“Lo que nos estamos percatando es que al solicitarle a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que nos proporcionara información de los expedientes, nos dimos cuenta que había una contabilización exagerada de millones de pesos representados y esto se traducía que no tenían el soporte documental, en facturas, en recibos o notas; por lo tanto nos dimos a la tarea de pedir esas notas a través de la unidad del acceso a la información y nos dimos cuenta que los gastos estaban inflados en gasto reportado por el IMSS por años”, informó.

Ello a traído como consecuencia que las familias que han recibido la información analicen a fondo esos gastos, con lo que se han dado cuenta de que hay excesos y apoyos no devengados.

“Es muy lamentable que se esté lucrando con las vidas que se perdieron y con las lesiones de tanto niño, cuando existen tragedias de estas dimensiones, o como los sismos en la Ciudad de México es una área de oportunidad para muchos corruptos de los servidores públicos, que se enriquecen con sus proveedores amigos, el caso de la guardería ABC no es la excepción”, mencionó.

Nava Alvarado  dijo que se trata de la tragedia que no tiene precedente en nuestro país, en donde perdieron la vida 25 niñas y 24 niños, además de decenas de niños lesionados, inclusive algunos con lesiones permanentes que les ha generado una condición de discapacidad.

“A estos pequeñitos o a sus hermanos —como víctimas indirectas—, hasta el día de hoy a 9 años no se les ha generado ningún esquema de reparación, todo ha sido una simulación y muchas de las familias han estado durante nueve años, prácticamente medicadas —por denominarlo de alguna forma—, que no quiero parecer despectivo, han sido drogados para que no se dieran cuenta de una lacerante realidad”, denunció.

Dijo que el caso ABC aun esta pendiente de justicia, de verdad y de reparación integral y afirmó que las familias son engañadas en muchos casos hasta por sus propias defensas legales.

Además comentó que las autoridades se han encargaron de hacer “chuza” con las familias, desintegrándolas, separando y generando encono entre las víctimas, con la finalidad de que tengan posturas encontradas. 

Afirmó que esta práctica no es obra de la casualidad, es una estrategia para que no se ocuparan y para que no trabajaran el asunto del guardería ABC y lo trataran de enterrar.

“En este caso la injusticia, la discriminación y el engaño son situaciones exponenciales”, acotó el abogado.

El secretario de gobierno, Miguel Pompa Corella, dijo que dentro de la Secretaría de Gobierno no hay reportes ni denuncias por parte de los padres de familia de los niños lesionados y fallecidos en la guardería ABC, en cuanto a la supuesta corrupción en el surtido de medicamentos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no obstante la gobernadora Claudia Pavlovich ofreció que el área jurídica de su gobierno hará las veces de coadyuvante para dar con la verdad en este caso.

Este martes al conmemorarse los 9 años de la tragedia, las cosas siguen igual, con impunidad entre los dueños de la guardería y los funcionarios estatales y municipales de esa época señalados como responsables, pues ni con la sentencia del juez del caso, emitida el 13 de mayo de 2016 alguien ha sido castigado.

Esta sentencia se apeló y llegó al tribunal unitario en Hermosillo, la resolución salió de la apelación hasta el día 9 de junio de 2017; esta resolución del Tribunal Unitario todavía está en un juicio de amparo que apenas acaba de atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que el reclamo de justicia sigue ahí.

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