Debido a que el 70 por ciento de los obligados a pagar pensión de alimentos y vestido a sus hijos incumple, en el Congreso del Estado se presentó una iniciativa para integrar el buró de deudores alimentarios y que quienes acrediten más de 3 meses de no entregar la pensión a que están obligados a sus hijos, sean castigados con su inclusión en el buró de crédito.

Demian Duarte
La diputada Karmen Aída Díaz Brown Ojeda, presentó a nombre del grupo parlamentario del PRI esta iniciativa, que es complementaria —explicó— a las previsiones en el Código Penal, donde los padres y madres incumplidos de quienes se acredite el incumplimiento en el pago de las pensiones, se hacen merecedores de cárcel.

“Se trata de ayudar a garantizar el derecho de los niños y adolescentes a la alimentación, además de otras necesidades como vestido y educación”, dijo la diputada por Cajeme.
La legisladora explicó que los alimentos son lo más indispensable que cualquier ser humano necesita para vivir y sobrevivir y, en muchos casos, lograr su completo desarrollo, desafortunadamente, en muchos casos, la persona que tiene la obligación de proveer esos alimentos incumple de manera reiterada con dicho deber, circunstancia que se torna más grave cuando su incumplimiento es resultado de una conducta intencional.

La propuesta es que aquella persona que incumpla con dicha obligación respecto de niños, niñas o adolescentes por un periodo de noventa días naturales se constituirá en deudor alimentario moroso de menores de edad, por lo que una vez que el Juez competente decrete dicha morosidad, solicitará a las Sociedades de Información Crediticia la inscripción del moroso en sus registros.

El deudor alimentario moroso que acredite ante el Juez que han sido pagados en su totalidad los adeudos derivados de su obligación alimentaria, podrá solicitar al mismo juez gire oficio a las Sociedades de Información Crediticia para que procedan a la cancelación de la inscripción correspondiente.

“Con esto no queremos una ley restrictiva y castigadora, sino evitar que los padres nos sigamos equivocando en la atención y obligaciones con nuestros hijos”, subrayó.
La diputada informó que en el periodo de 2010 al 2013 se registraron en Sonora 11,460 divorcios y en 8 mil 444 se cayó en incumplimiento.

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